Según explicó el sindicato, la compañía interpuso una querella penal contra la organización por presuntas injurias y calumnias, además de la citada vulneración del derecho al honor, y el procedimiento se encuentra a la espera de que se determine la fecha del juicio.

La organización señaló que ambas partes acudieron previamente a un proceso de mediación que concluyó sin acuerdo porque el sindicato rechazó retractarse de sus acusaciones contra la empresa.

En concreto, el sindicato afirmó que no se retractará de haber calificado de “buitres” a los responsables de la compañía y vinculó esta posición con el desahucio de Maricarmen ejecutado este miércoles.

El conflicto judicial se conoce después del desalojo de la mujer de 87 años de la vivienda de Madrid en la que residía desde hacía más de siete décadas, un caso ante el que el Sindicato de Inquilinas había organizado movilizaciones para intentar impedir su ejecución.