UGT ya adelantó el pasado jueves que su Consejo Federal, órgano consultivo compuesto por todas las secretarías generales territoriales y la dirección federal, daba el visto el bueno a la propuesta.

El sindicato entiende que ese 11% permitirá “recuperar más de dos puntos de poder adquisitivo en la vigencia del acuerdo” y estima, además, que puede llegar al 11,5% al final del cuatrienio si se tienen en cuenta los ajustes derivados del deslizamiento de tablas salariales.

UGT también considera importante que en 2027 se alcance un incremento fijo del 5%, lo que permitiría que las nóminas de los empleados públicos aumentaran en nueve puntos en un periodo de 13 meses.

La subida del 10%, la oferta inicial, al 11%, la actual, también hizo cambiar de parecer a CCOO, que rechazó la primera propuesta del Ministerio. Tras conocerse la nueva cifra, el sindicato manifestó que estaba abierto a estudiarlo “detenidamente” para dar una respuesta a Función Pública este lunes y “desbloquear la congelación salarial” de los trabajadores públicos.

Más escépticos se muestran en CSIF. El sindicato viene denunciando desde hace tiempo que los trabajadores públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercano al 20% desde los recortes de 2010.

Asimismo, tampoco firmaron el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2022-2024, que sólo suscribieron CCOO y UGT con el Gobierno, al entender que los empleados públicos perdían poder de compra.

La propuesta del 11% para 2025 y 2028 tampoco les ha convencido y han avisado de que negociarán “hasta el último minuto” porque creen que “todavía hay flexibilidad” para subir de esa cifra, si bien el Gobierno ya dejó claro que era su última oferta.

Además, CSIF ha manifestado expresamente su rechazo al 4% para 2025 y 2026, y ha avisado de que retomarán las movilizaciones si no se sube de ese porcentaje.

Aunque todavía faltan variables por definir, Función Pública mantiene que las subidas de 2025 y 2026 no podrán superar el 4%, y el resto del incremento propuesto deberá repartirse entre 2027 y 2028, con una mayor carga en 2027.

OTRAS REIVINDICACIONES

Una de las razones que llevó a UGT a aceptar ese 11% es que el acuerdo no es solo salarial, sino global, e incluye “materias clave para el sector público como son el empleo público”.

En su opinión, en el acuerdo resultante debe concretarse la eliminación de la tasa de reposición, una “reivindicación histórica” del sindicato que permitirá adecuar las plantillas a las necesidades reales de la ciudadanía y hacer frente a desafíos como el envejecimiento en la administración o la temporalidad.

El texto también incluye avances en otras áreas sensibles como la formación en digitalización o complementos por insularidad.

Por su parte, CCOO espera que en la reunión de hoy se profundice en las cuestiones de empleo público, procesos selectivos, mejora de los servicios y atención a la ciudadanía, salud laboral o prevención de riesgos laborales.

Para este sindicato también es “imprescindible” que el Gobierno se comprometa al cumplimiento de los capítulos pendientes de ejecución del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, como desbloquear y recuperar la jubilación parcial, la plena implantación de la jornada de 35 horas y la clasificación profesional de técnico superiores y de grado medio.