La preocupación central de las organizaciones sindicales es negociar la subida salarial de los empleados públicos, que siguen con sus nóminas congeladas desde finales de 2024.

El Acuerdo Marco, firmado en 2022 y con vigencia hasta 2024, incluía un pacto retributivo plurianual con una parte fija y una variable, ligada al PIB y al IPC. En total, entre 2022 y 2024, los trabajadores públicos recibieron un aumento del 9,8%.

Sin embargo, desde que en julio se aprobó la subida salarial pendiente de 2024, los empleados del sector público no han vuelto a ver actualizadas sus retribuciones y, cerca de acabar el año, siguen sin saber cuál será la mejora de 2025 y de los años sucesivos.

A lo largo de este ejercicio, los sindicatos se han mostrado muy críticos con el trato del Gobierno hacia los funcionarios y han denunciado que, en un contexto de crecimiento económico, no tiene sentido dejar a unos de 3,5 millones de trabajadores con los sueldos en espera.

Además, hace unas semanas, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció que la siguiente subida irá ligada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, a pesar de que el Gobierno sigue sin presentar el proyecto e, incluso, sin dar los pasos previos como la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o la fijación del techo de gasto y la senda de estabilidad.

Fuentes de Función Pública trasladaron a Servimedia que este miércoles se abrirá “un proceso de diálogo para abordar las principales reivindicaciones” de los sindicatos, incluidas las retribuciones.

Los sindicatos ya avisaron de que esta reunión servirá de toma de contacto, ya que también será la primera con la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, que sustituye en el cargo a Clara Mapelli.

CCOO, CSIF y UGT esperan que sea el Gobierno el que dé el primer paso y presente una primera propuesta de subida salarial sobre la que negociar después. No obstante, los sindicatos tienen ideas distintas acerca de cuál debería ser el incremento.

CCOO y UGT han manifestado su conformidad con el modelo del Acuerdo Marco, con una parte fija y otra variable, a modo de cláusula de escape, siempre en un plazo plurianual.

Por su parte, CSIF aboga por una revalorización de acuerdo con el IPC y que se produzca de forma automática, como ya ocurre con las pensiones.

Aunque los salarios son la preocupación principal, los sindicatos también reclaman avanzar en la jornada laboral de 35 horas en la Administración, la jubilación parcial del personal laboral o la necesidad de revertir el envejecimiento de las plantillas con mejor planificación de las ofertas de empleo.