Fuentes del Ministerio que dirige Óscar López resaltaron que la doctrina “es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo” y defendieron los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Función Pública recordó que el problema del abuso de la temporalidad afecta en especial a comunidades autónomas, con una tasa del 40%, mientras que la Administración General del Estado (AGE) “cumple los requisitos de temporalidad al tener solo el 4,7% de sus trabajadores con un contrato temporal”.

Asimismo, el Ministerio defendió que España “ha cumplido holgadamente” el objetivo comprometido con la Comisión Europea de cubrir al menos con trabajadores fijos 300.000 plazas en los tres niveles de la Administración que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales. Con datos actuales, las plazas estabilizadas ascienden a 419.756, según Función Pública.

En este sentido, señaló que, en 2021, el Gobierno aprobó una ley para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas, validada por la Comisión Europea. El Ministerio aseguró que está funcionando, ya que la tasa de temporalidad se ha reducido seis puntos, de un 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad.

Además, el Gobierno ha propuesto incluir medidas adicionales en el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal y en la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ambas en tramitación parlamentaria. Ambas medidas seguirán respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Por otro lado, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para atajar el abuso de la figura de la temporalidad.