El Gobierno mejoró en ese último encuentro su propuesta y garantizó a los sindicatos la aprobación de un real decreto que permita abonar en diciembre una subida salarial del 2,5%, correspondiente a 2025, con carácter retroactivo.

También se propuso que la subida salarial vaya a fijo, sin parte variable, lo que en la práctica se traduciría en que el incremento pactado para 2025-2028 llegue al 11,5% con el arrastre, en lugar del 11% propuesto.

Función Pública mantiene que la subida para 2025 y 2026 no puede superar el 4%, algo que para los sindicatos resulta insuficiente. De hecho, las organizaciones sindicales propusieron que, en lugar de subir un 5% en 2027, los sueldos de los empleados públicos se revaloricen un 4,5% y ese medio punto se traslade a 2026.

No obstante, en la reunión del lunes, el Gobierno se opuso a ese planteamiento y se mantuvo en el 4% máximo para el periodo 2025-2026.

Aunque las negociaciones siguen en marcha para terminar de acordar la subida, Función Pública ya cuenta con el visto bueno de UGT, después de que sus órganos de dirección dieran luz verde al acuerdo.

Este miércoles también conocerá la posición de CSIF, que este lunes, tras la reunión, informó de que lo consultaría con sus órganos. Asimismo, queda por saber la decisión de CCOO, que se mantiene en que la propuesta del Ejecutivo todavía es insuficiente para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

CCOO confía en que hay margen para lograr un punto de encuentro, pero sigue sin descartar ningún escenario, como las movilizaciones o la huelga en el ámbito público, si el Gobierno no cede.

Además de las mejoras retributivas, el Gobierno y los sindicatos seguirán negociando cuestiones laborales y puntos pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2022-2024, como desbloquear y recuperar la jubilación parcial de personal laboral, funcionario y estatutario, la plena implantación de la jornada de 35 horas y la clasificación profesional de personal técnico superior y de grado medio.