Así se pronunciaron varios de estos trabajadores durante su intervención en una jornada sobre los funcionarios de prisiones celebrada en la Cámara Baja a instancias del PP, la cual abrió la diputada popular Ana Belén Vázquez, quien señaló que con su trabajo los empleados del sistema penitenciario ejercen un "servicio silencioso" que garantiza también "la seguridad de todos los españoles". "Son el último eslabón de la cadena de la seguridad, pero parte fundamental de la seguridad", dijo en referencia a la necesidad de cumplir con sus reivindicaciones, "que merecen ser atendidas". De fondo, el recuerdo de Nuria Font, cocinera en la prisión de Más d'Enric (Tarragona) asesinada en 2024 por un interno.

Las reclamaciones de este colectivo, además de las exigencias de más medios materiales y de personal, se resumen en el reconocimiento como profesión de riesgo, ser nombrados agentes de la autoridad y la equiparación salarial con sus compañeros de aquellas comunidades con las competencias transferidas, como País Vasco. Todo, para evitar, como expuso el presidente del sindicato, Manuel Galisteo, tener que pasar "miedo" mientras realizan su trabajo.

"Te juegas la vida por un misero sueldo", dijo mientras añadía que "esa persona que creemos debe ser tu garante, Fernando Grande-Marlaska", ministro del Interior, "mira hacia otro lado; ni esta ni se le espera".

"REALIDAD PENITENCIARIA"

Ante una sala en la que se encontraban más de cien trabajadores del sistema penitenciario, los primeros en tomar la palabra fueron dos de los coordinadores del sindicato, Miguel Jiménez Pérez y Manuel Morales Román, quienes hablaron sobre la necesidad de llevar a cabo "cambios legislativos, organizativos y materiales necesarios" para adaptar su profesión "a la actual realidad penitenciaria".

En concreto, pusieron sobre la mesa diferentes carencias, como el catálogo de infracciones que marca el reglamento del régimen disciplinario de los internos que, tal y como señaló Morales, con 17 años de experiencia, se recoge en el reglamento penitenciario, que data de 1981. En tono irónico, puso como ejemplo los drones que introducen teléfonos móviles en las cárceles: "En 1981, un dron era ciencia ficción". Así, denunció que se está tipificando como "introducción de objetos prohibidos", es decir, "como si se introduce una baraja de cartas".

También se refirieron a la "necesaria adaptación de los medios, personales, materiales y legales a la actual realidad penitenciaria", denunciando en este sentido que "los medios con los que nos dota la administración se van alejando de la realidad de nuestro trabajo". Así, con tono serio, Jiménez avisó de que están llegando a una "situación límite", mientras alertaba de que no se puede "pretender tener el sistema penitenciario más abierto, más garantista y más moderno de Europa con los medios propios de un sistema de un país tercermundista".

En varias ocasiones, entre los aplausos de sus compañeros, ambos insistieron en su queja de que se sienten "abandonados" y que siempre son "los últimos". Y lo hacían mientras reclamaban más medios, como dispositivos táser, adaptados a "una realidad" en la que "hay internos con formación militar y una población reclusa más inadaptada".

También denunciaron la falta de médicos, que las plantillas están "envejecidas" o que con los sistemas de videovigilancia "se gasta mucho para ver poco", criticando en este punto que en sus nuevos uniformes no cuentan con ningún distintivo que los identifique entre un grupo de internos: "Solo vemos un grupo de personas vestidas de negro".

De hecho, una de sus principales quejas fue la falta de personal, tanto para garantizar la seguridad en el interior de los módulos como en los registros a las visitas. "Faltan 3.000 trabajadores", sentenció Jiménez.

AGRESIONES A LAS FUNCIONARIAS

Esta denuncia sobre la situación de los funcionarios de prisiones subió de tono cuando intervinieron Cristina Del Villar Rodríguez y Montserrat Valcárcel Varela, coordinadoras del sindicato y quienes se encargaron de trasladar a los diputados la situación de las mujeres que trabajan en los centros penitenciarios y de las agresiones sexuales que se producen en el interior de las prisiones contra las funcionarias. Algo, dejaron claro, que no son "hechos aislados". Por el contrario, subrayaron que se trata de "una realidad estructural, silenciada y normalizada dentro de nuestras prisiones".

Ante el asombro de muchos de los presentes, Valcárcel expuso varios ejemplos que ha vivido en sus 33 años de servicio y ofreció algunas cifras, como que en 2024 se produjeron 10 agresiones, 44 casos de acoso sexual y 53 episodios de exhibicionismo "en el marco del trabajo dentro de prisión". Mientras, respecto a 2025, hasta noviembre se contabilizaron 58 casos de exhibicionismo, 51 casos de acoso sexual y seis agresiones sexuales, según cifras oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Una cifra, remarcó, "récord" que no incluye diciembre.

Por ello, denunció, entre otros, la "pasividad en las direcciones" de los centros y, sobre todo, la "falta de un protocolo claro" de actuación frente a estas agresiones. "El único protocolo real frente a estas situaciones cotidianas en prisión acaba siendo la charla en el despacho de dirección, donde se juntan el 'lo lamento', con el 'este chico sale de permiso, vamos a ver qué se puede hacer, si quieres te cambio el servicio', o 'estamos esperando a que responda Madrid'", zanjó visiblemente molesta por esta realidad.

Una reclamación esta que la diputada popular Ana Belén Vázquez se comprometió a defender, junto a otros 14 diputados del PP presentes en la sala. "Nos duele el alma saber que protegemos a las mujeres en las calles y dejamos desprotegidas a las mujeres que nos protegen en las prisiones", señaló.