En declaraciones Servimedia, el secretario de Acción Sindical de CSIF, Enrique Alonso, exigió el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos y aseguró que el 35% de este colectivo (unos 700.000 funcionarios) cobran menos de 1.700.000 pesetas brutas al año.

Además, denunció que hay un sistema de agravios "muy serio" en las escalas salariales de las distintas dministraciones que es necesario corregir. Según Alonso, el 54% de los empleados públicos de la Administración local cobra menos de 1.700.000 pesetas brutas al año, porcentaje que se sitúa en el 30% en la Administración central y en el 24% en las comunidades autónomas.

"No aceptamos que se insista en que el peso de la reducción del déficit recaiga de nuevo sobre los empleados públicos", dijo Alonso, quien insistió en que la rebaja del déficit debe venir por la vía de aumentar los ingresos combatiendo l fraude, y por la vía de reducir los gastos, a lo que contribuiría, a su juicio, una reforma de la Administración que elimine trámites y burocracia.

A su juicio, Barea, como responsable de la Oficina Presupuestaria, "podía lanzar mensajes en el sentido de reducir el fraude fiscal, y no pisar siempre el mismo el callo, que es uno de los más doloridos de la sociedad española, como son los salarios de los empleados públicos".

Alonso cree que las palabras de Barea no fomentan un diálogo con el Gobieno "sosegado", porque "se está crispando la actitud de todos los empleados públicos, que ven ya una negociación francamente derrotada". Exigió al Gobierno "que en vez de estar lanzando mensajes agresivos, de una vez por todas convoque la Mesa General de la Función Pública para abrir un debate serio, objetivo y de justicia social con los funcionarios".

Carlos Sánchez, secretario general de la Federación de Administración Pública de CCOO, indicó a Servimedia que Barea "parece un poco la avanzadilla dura ultraliberal del Gobierno del PP. Va lanzando globos sonda y haciendo declaraciones de todo tipo. Esto será un error que tarde o temprado el Gobierno tendrá que rectificar, porque les contesta a ellos mismos".

Para Sánchez, "es una contradicción impulsar una mejor gestión y servicio público, cuando lo que se pide por otro lado es la congelación salarial. Son ya muchos años de congelacion salarial o pérdida de poder adquisitivo", destacó.

Sánchez denunció que, para reducir el déficit, "lo fácil e meterle mano al bolsillo de los empleados públicos". Según sus cálculos, congelando el salario a todos los empleados públicos y en el supuesto de que el IPC se sitúe en 1997 en las previsiones de la UE para España (3,2%), el Estado se ahorraría unos 270.000 millones de pesetas, lo que supone un 0,38% del PIB.

"Eso, desde el punto de vista del gasto", dijo Sánchez, "es ridículo, y va a hacer mucho más daño a los servicios públicos y a la moral de los empleados públicos que beneficio a la economía". Agegó que "en vez de ser tan abuelo cascarrabias, Barea debería preocuparse más del problema gravísimo del fraude fiscal".

Sánchez advirtió al Ejecutivo que la respuesta a una medida de este tipo sería "dura. Una medida de congelación salarial, que, además rompe los acuerdos con el anterior Gobierno, es una medida dura, y la respuesta será dura". Agregó que estas declaraciones "ponen piedras en el camino del diálogo social" y dijo que Barea debería ser "más prudente. Parece mentira con la edad que tienevaya por la vida como un auténtico provocador".

CUMPLIR LOS ACUERDOS

También un portavoz de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT declaró a Servimedia su absoluto rechazo a la sugerencia de Barea, y dejó claro que UGT no apoyará ninguna medida que no garantice el poder adquisitivo de los empleados públicos en 1997.

El sindicato ugetista hizo un llamamiento al Gobierno para que cumpla los acuerdos firmados con el anterior Ejecutivo para los empleados públicos. "El señor Barea puede teer, como cualquier miembro de la Administración, sus opiniones, pero nosotros no estamos de acuerdo con ellas", dijeron.

Las fuentes consultadas concluyeron que estas manifestaciones no favorecen el diálogo social y urgieron a que se convoque la Mesa General de la Función Publica para negociar estos asuntos, "y dejen de enviar mensajeros para caldear el ambiente".