En el escrito de defensa que se ha enviado al Protectorado de Fundaciones de Cultura y al que ha tenido acceso Servimedia, se afirma que el procedimiento "está lleno de medias verdades, falsedades y deliberadas omisiones" y considera que se trata de "un mero acto de ejecución política" con "una idea preconcebida de culpabilidad".

Se sostiene que el departamento de Ernest Urtasun ha incurrido en "irregularidades procedimentales" al invertir "el orden racional y lógico de una decisión de este calado" porque "primero se decide por exclusivas razones ideológicas extinguir y luego se busca justificarlo".

La entidad considera que el procedimiento vulnera los artículos 53 y 54 de la Ley 39/2015 sobre motivación y proporcionalidad de los actos administrativos, al tiempo que denuncia que el Gobierno pretende la extinción basándose en que no persigue "fines de interés general" y por realizar "apología del franquismo".

REFORMA ESTATUTARIA OMITIDA

Las alegaciones destacan como "sorprende sobremanera" que tras más de un año de instrucción, la Administración General del Estado "se haya olvidado de la reforma de los Estatutos de esta Fundación tenida lugar en 2023" que fue comunicada formalmente al Ministerio de Cultura.

La reforma estatutaria, aprobada por unanimidad del Patronato el 17 de mayo de 2023 y elevada a escritura pública el 22 de mayo, modificó el artículo 6 relativo a los fines de la Fundación para incluir expresamente el compromiso de "velar en todo caso por el máximo respeto a las víctimas".

Chicharro considera que "la completa ausencia de referencia a esta reforma estatutaria, aun con pleno conocimiento de su existencia, revela no solo una ignorancia deliberada, sino también una injustificada desatención a la voluntad modificativa expresada por el máximo órgano de gobierno de la Fundación".

La entidad califica esta omisión como "una manipulación del marco normativo real" que conduce a "conclusiones predeterminadas y, por ello, jurídicamente viciadas" porque "ninguna Administración puede seleccionar discrecionalmente qué estatutos existen y cuáles no".

VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES

La Fundación Franco argumenta que la Disposición Adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática "es no conforme con lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución" que configura el derecho de fundación como un derecho de rango constitucional.

Sostiene que el derecho constitucional se reconoce "siempre que la fundación no persiga intereses puramente particulares" pero "no en función de un interés público cambiante en función de las circunstanciales mayorías parlamentarias" y recuerda que el Consejo General del Poder Judicial recomendó en 2021 la supresión de esta disposición.

Las alegaciones denuncian que "lo que realmente justifica la extinción de la FNFF es el hecho de que ensalza y defiende la legitimidad del régimen del general Franco" y que "la causa única y real por la que se quiere eliminar a esta Fundación es que tiene y quiere difundir una visión positiva de la obra de Francisco Franco".

La entidad defiende que sus actividades están amparadas por los derechos a la libre expresión y libertad ideológica de los artículos 16 y 20 de la Constitución, argumentando que "a nadie debería sorprender que una fundación llamada Francisco Franco y fundada por muchos de sus colaboradores se dedique a ofrecer una visión positiva de Franco y de su régimen".

ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL

La Fundación reivindica su labor de "interés general" destacando que ha contribuido durante cinco décadas "a la preservación, conservación y difusión del patrimonio histórico-documental" referido a Francisco Franco como "figura clave en la historia reciente de España".

Subraya que más de mil historiadores e investigadores, profesores universitarios, doctorandos y periodistas "tanto nacionales como extranjeros" han accedido a su fondo documental "cualquiera que fuera su ideología o creencias políticas", citando entre ellos a Stanley Payne y Hugh Thomas.

La entidad enumera sus publicaciones, incluyendo cuatro volúmenes de "Documentos inéditos para la historia del generalísimo Franco" con 629 documentos de su archivo personal desde 1925 a 1943, así como la publicación del Boletín de la FNFF desde 1978.

Defiende su labor divulgativa sobre aspectos como el desarrollo de la Seguridad Social durante el franquismo, el "milagro económico español" con un crecimiento medio anual del 7,2% del PIB en los años 60, y la construcción de más de cuatro millones de viviendas entre 1961 y 1975.