De acuerdo con una valoración de esta entidad recogida por Servimedia, este lunes 16 de febrero le fue notificada por Cultura la inadmisión del recurso de alzada interpuesto contra la decisión de denegar la práctica de una prueba testifical.

La Fundación que pretende ilegalizar el Ejecutivo sostiene que tiene derecho a esta prueba dentro del procedimiento previsto en el artículo 32 bis.3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Añade que este precepto fue incorporado en 2023 “para articular el soporte normativo que permitiera al Gobierno instar la extinción judicial de fundaciones que se denominen Francisco Franco o similar, aunque dicha dicción no figure expresamente en el texto legal”.

A este respecto, la entidad presidida por Juan Chicharro expresa su “sorpresa” por la “extraordinaria celeridad con la que se ha producido esta nueva resolución, adoptada al día siguiente de la notificación anterior y sin margen temporal razonable para articular la defensa jurisdiccional anunciada”.

“TRÁMITE FORMAL”

A juicio de la Fundación, “la secuencia de actuaciones sugiere que la decisión de promover la extinción judicial (de la entidad) habría estado previamente decidida, quedando el expediente administrativo reducido a un trámite formal”.

No obstante, indican que la resolución administrativa del departamento de Urtasun “está siendo analizada por los servicios jurídicos de la Fundación ante las graves irregularidades detectadas, en particular la calificación del acto impugnado como acto de trámite no cualificado, pese a la incidencia directa que, a juicio de la entidad, presenta sobre derechos constitucionales como el derecho de fundación, asociación, reunión, libertad de expresión y libertad de cátedra, entre otros”.

Añaden que la propia resolución indicaba que podía ser recurrida en vía jurisdiccional en el plazo de dos meses por ser definitiva en la vía administrativa. No obstante, destacan que apenas veinticuatro horas después, el 17 de febrero, el ministro de Cultura dictó una resolución de 58 folios proponiendo instar la extinción judicial de la Fundación Franco, otorgando a la entidad un plazo de diez días para formular alegaciones.

Los servicios jurídicos de la entidad se encuentran estudiando la resolución notificada y las actuaciones a emprender en defensa de sus derechos -que afectan a todos los españoles en nuestros derechos y libertades-, en las instancias correspondientes.