La ONG ha detectado, señaló en un comunicado, el acceso gratuito de 0 a 3 años y de 4 a 15 años, “exponiendo en algunos casos a menores de edades muy tempranas a un contexto claramente nocivo: violencia explícita sobre animales que se ve reforzada por la posición de las personas adultas”, según recoge Ical.

Estas acciones empresariales, a su juicio, “son evidentemente contrarias” a las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño. A ello se suma el “consumo continuado en público” de bebidas alcohólicas en pleno debate social sobre esta cuestión y anteproyectos de ley presentados por el Ministerio de Sanidad que abordan estos consumos y el tabaco.

De todo ello, la Fundación responsabiliza “a partes iguales” al Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta, “por patrocinar, colaborar o promocionar la feria taurina a pesar de las advertencias que provienen de organismos internacionales”. Así, recordó que en 2018 el Comité pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con un texto muy claro al respecto: “Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”.

En agosto de 2023 el organismo de expertos de Naciones Unidas incluyó una referencia en el Comentario General nº 26, en su apartado G) sobre el “Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia”: “Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales".

Todo ello suma una “nueva advertencia”, en febrero de este mismo año, incluida en el apartado 23 de las Observaciones Finales formuladas tras la revisión de España. Por tanto, la “decisión lógica de las administraciones señaladas sería no cooperar con prácticas que afectan al desarrollo psicológico y moral de las generaciones más jóvenes”.