“Esta medida supone echar por tierra toda la política y planificación energética de la última década, comprometiendo la viabilidad de las renovables y de la electrificación a 2030, los verdaderos y únicos pilares de nuestra independencia energética”, según la Fundación Renovables.

Esta entidad añadió que “el incumplimiento de la hoja de ruta energética es la constatación de la falta de credibilidad de las promesas del Gobierno, que se ha doblegado a la voluntad del sector eléctrico”.

“Con esta resolución, fruto de la presión de las empresas propietarias de las centrales, que ven peligrar su hegemonía y beneficios, el modelo energético español, basado en las renovables, sufre una herida de muerte”, apuntó la Fundación Renovables.

Además, esta organización subrayó que “la credibilidad de España queda dañada” al alterar su plan energético (Pniec) y el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, que tendrán que modificarse con el consiguiente “encarecimiento de costes de la gestión de residuos y su traslado a la tarifa eléctrica”. “Cabe esperar que esta decisión genere un ‘efecto dominó’ y altere el calendario de cierre del resto de las centrales españolas, lo que agravaría la situación todavía más”, vaticinó.