Así lo celebró en un comunicado en el que subrayó que dicho juzgado dictó una sentencia el pasado 11 de marzo, notificada en el día de ayer a las partes, por la que condena a un hombre como penalmente responsable de la comisión de dos delitos de coacciones con la circunstancia agravante del odio racista hacia una familia con dos hijos menores de edad.

“Tal y como consta acreditado en los hechos probados de la sentencia, el acoso denunciado comenzó desde la llegada de esta familia gitana en 2014 a la comunidad. El primer día les tocó el timbre y les solicitó el contrato de alquiler, sin tener ningún derecho a ello”, lamentó la fundación, al tiempo que agregó que, posteriormente, el hombre “comenzó a llamar constantemente a la Policía para denunciarles por ruidos, sin que los agentes les multaran en ninguna situación, pues los ruidos eran inexistentes”.

La fundación puntualizó que el acoso “continuó a lo largo de los años” y que, “en numerosas ocasiones”, cuando se cruzaba con la madre y sus hijos, menores de edad, el ahora condenado “le gritaba a ella que tenía que educar mejor a sus hijos y les reclamaba una supuesta deuda con la comunidad, que no tenían”.

“Es más, les impedía subir en ascensor, diciéndole que no era digna de su uso y lo que tenía que hacer era limpiar las zonas comunes, para saldar la deuda”, continuó la fundación en un relato según el cual “el acoso fue a más y un día la familia encontró su vehículo con una pintada, con la frase Gitano paga o vete’”.

ANSIEDAD Y MIEDO

Esta situación generó una “fuerte ansiedad y miedo” a toda la familia, “afectando incluso a su sensación de seguridad”, hasta el punto de que la madre “tenía miedo de salir sola o con sus hijos”.

La familia acabó denunciando los hechos con el apoyo de la Fundación Secretariado Gitano ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación de Badajoz y la entidad, que ha acompañado y asesorado a la familia en todo el procedimiento, ha manifestado su “satisfacción” ante esta condena que, a su juicio, “pone el foco en el acoso discriminatorio y de antigitanismo”.

“Se trata de una situación que no es aislada y que, desgraciadamente, sufren muchas familias gitanas en las comunidades vecinales, tal y como documentan los informes anuales de Discriminación y Comunidad Gitana de la FSG, y que cercena la dignidad y el disfrute del derecho a la vivienda digna en condiciones de igualdad por parte de estas familias”, apostilló, al tiempo que afirmó que esta sentencia “no hubiera sido posible sin la denuncia y el trabajo realizado por el Ministerio Fiscal en este caso, que ha propiciado la defensa de las víctimas en el procedimiento”.

En este contexto, la directora general de la FSG, Sara Giménez, señaló que “esta sentencia condenatoria reconoce el hostigamiento al que ha estado sometida esta familia por una motivación antigitana y manda un mensaje claro a la sociedad de que los delitos de odio no pueden quedar impunes, siendo fundamental la respuesta de los tribunales”. “Precisamente ayer se aprobó el nombramiento de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, una figura esencial para dar respuesta administrativa a aquellos casos que no constituyen un delito”, abundó, convencida de que “poco a poco nuestro país está dando pasos firmes en la lucha contra la discriminación”.