Así lo indicó la entidad en un comunicado en el que señaló que "el objetivo de la ILP de Censura de la Tauromaquia, que cuenta con el aval de más de 600.000 firmas, es que se pueda discutir en cada territorio si la tauromaquia se puede modificar o incluso prohibir. Se trata, en nuestra opinión, de un asunto extremadamente grave para el modelo de convivencia democrática que tenemos".

El sector taurino considera que abrir el camino que pretende la ILP de Censura de la Tauromaquia "es absolutamente totalitario y por supuesto inconstitucional". "Y esto es así con independencia de que la iniciativa venga avalada por diez mil o por diez millones de firmas", remarcó.

Para los taurinos, esta ILP de Censura de la Tauromaquia propone un concepto de “ampliación de libertad para las Comunidades Autónomas”, cuando "en realidad lo que promueve es que los territorios tengan libertad para prohibir. Es decir, lo que pretende esta propuesta es lo contrario de la libertad, lo que pretende esta propuesta es que los poderes públicos de un territorio tengan las manos libres para prohibir las expresiones culturales que no les gusten a los políticos que en un momento dado ostenten el poder".

Según el presidente de la Fundación, el ganadero de toros bravos, Victorino Martín, los promotores de esta ILP "pretenden sembrar la semilla de la cizaña y la división en cada territorio".

La organización recordó asimismo que los poderes públicos, tal y como recoge la Constitución, tienen "la obligación de conservar y promover todas las manifestaciones culturales: las mayoritarias y las minoritarias, las que gustan y las que incomodan". "La tauromaquia es una realidad cultural indudable, anterior incluso a su reconocimiento legal en la Ley 18/2013", zanjó la fundación.

Después del trámite de la Comisión de Cultura la propuesta se remitirá al pleno del Congreso de los Diputados para que decida si toma en consideración o no esta iniciativa popular.

En el caso de que el Congreso vote a favor de la toma en consideración de la ILP, la propuesta volvería a la Comisión para su tramitación como Ley, abriéndose un plazo de enmiendas.

Terminada la redacción de la propuesta se volvería al Congreso para la definitiva aprobación o no de la Ley que derogaría la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.