Durov firma el mensaje en el que afirma que esa medida podría convertir a España “en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de protección” y es una “señal de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad”.

Argumenta que prohibir el acceso a las redes sociales para estos menores “requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir DNI o biometría” para verificar la edad del menor y con eso “establece un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos”.

También explica que, si no se elimina rápidamente contenido “ilegal, odioso o perjudicial”, los responsables de las redes sociales “podrían ir a la cárcel” y esto “forzará la sobrecensura”, de manera que las plataformas borrarían “cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos”.

Pavel Durov explica que amplificar contenido que se considere perjudicial a través de algoritmos “se convierte en delito”, lo que supondría que “los gobiernos dictarán lo que ves”.

Otro punto de la medida que impulsaría el Gobierno es el seguimiento de la “huella de odio y polarización”, sobre lo que Durov señala que “definiciones vagas” de odio “podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas”

“Estas no son salvaguardas, son pasos hacia el control total. Hemos visto este guion antes”, avisa Durov, que añade que Telegram prioriza “privacidad y libertad”, y finaliza su mensaje pidiendo a los ciudadanos estar “vigilantes” y exigir transparencia.