Se trataría de aplicar el artículo 35.11 de la Ley de Extranjería, recomendación que Gabilondo recoge en su informe anual relativo a 2023, entregado este viernes en el Congreso de los Diputados.

A su juicio, esta podría ser una fórmula para “descongestionar” la “sobresaturación” del sistema de protección de Canarias, que en la actualidad atiende a 5.300 menores.

Según el informe del Defensor, España acogía en 2023 a 12.878 menores migrantes no acompañados, y un tercio de todos ellos se encontraban en canarias. En rueda de prensa hoy en el Congreso, Gabilondo llamó a estudiar “todas las vías legislativas” y destacó que el reparto “no puede depender de la buena voluntad de las comunidades autónomas”.

De hecho, ayer mismo se rechazó una propuesta para trasladar a la península 470 menores desde Canarias por la oposición de varias comunidades, que lo consideraban una invasión de competencias.

En su artículo 35.11, la Ley de Extranjería señala que “la Administración General del Estado y las comunidades autónomas podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados”. Agrega que “cada convenio especificará el número de menores cuya tutela se compromete a asumir la entidad correspondiente, el lugar de residencia y los medios materiales que se destinarán a su antención”.

MÁS RECURSOS Y PERSONAL

El informe del Defensor también pide dotar a Canarias de “las infraestructuras adecuadas y de personal especializado” para para la identificación, acogida e integración de los menores migrantes que llegan solos a las islas.

De acuerdo con la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, 4.700 niños extranjeros no acompañados se encontraban bajo la tutela o la guarda del Gobierno canario a finales de 2023, acogidos en 66 dispositivos.

El sistema “ya venía soportando una gran presión”, por lo que reclamó “medidas complementarias urgentes que se centren en paliar la situación de emergencia”.

También recomendó revisar el protocolo para la derivación al recurso más adecuado de personas sin documentos cuya mayoría de edad resulte dudosa.

Asimismo, insistió en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que, mientras no exista una norma que regule la determinación de la edad, si el interesado “aporta un acta de nacimiento o un pasaporte que no han sido impugnados, no es razonable considerarlo indocumentado”. Según Gabilondo, se han recibido numerosas quejas por este motivo.