En su dictamen, el fiscal también pide al juez que consulte al Ejecutivo si va a seguir manteniendo como materia clasificada la documentación de los servicios de inteligencia sobre la 'guerra sucia' contra ETA.

En concreto, los documentos que el fiscal pide que sean desclasificados son los originales d unos informes del CESID que el coronel Juan Alberto Perote mencionaba en los papeles que el juez Garzón le requisó durante un registro que practicó en su celda de la prisión militar en la que se encuentra desde el pasado 8 de febrero por orden del juez militar Jesús Palomino.

Al parecer, en dichos documentos incautados a Perote se relatan supuestas acciones de la 'guerra sucia' contra ETA y también figura un manuscrito sobre la presunta planificación de acciones ilegales contra etarras por parte de l Guardia Civil. No obstante, el propio coronel restó credibilidad a dichas notas en una declaración ante el juez Palomino.

El juez Garzón ya reclamó con anterioridad diversos documentos del CESID relacionados con los GAL al Ministerio de Defensa. Sin embargo, este departamento se los denegó y promovió un conflicto de jurisdicción, que fue resuelto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción el 15 de diciembre pasado a favor de Defensa, señalando que es el Consejo de Ministros el único que puede deciir si desclasifica los documentos declarados secretos.

Tras esta resolución, el magistrado pidió de nuevo dichos documentos al Gobierno a través del trámite establecido por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, aunque el Consejo de Ministros rechazó desclasificarlos alegando que afectaban a la seguridad del Estado.

Entre otros, el magistrado reclamó, dentro del sumario del 'caso Monbar', el denominado 'acta fundacional' de los GAL del 6 de julio de 1983, una nota de despacho elaborada por Peote el 28 de septiembre de 1983 sobre la inminencia de acciones violentas en el sur de Francia "por miembros de la Guardia Civil que actuarían respldados por la Comandancia de San Sebastián", así como otros documentos de octubre de 1984 y de noviembre de 1983 sobre deteminados aspectos de la lucha contra el terrorismo y con datos sobre miembros de ETA.

Perote declaró hace unos meses ante el juez Garzón en relación al 'caso Oñaederra' y entonces aseguró al magistrado que pocos días antes de que se comeiera el atentado contra el etarra Ramón Oñaederra fue informado de que se iba a perpetrar una acción contra un miembro de ETA en el sur de Francia.

Sin embargo, el coronel aseguró que su informante no le concretó ni el lugar ni la identidad de la víctima. Al parecer, era el teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, que estaba destinado en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) en aquella época, quien informaba a Perote de la inminencia de acciones contra etarras, aunque el agente de la Benemrita negó ante Garzón que trabajase para el CESID.