En un informe hecho público hoy, el fiscal considera que dichos pagos son constitutivos de u delito de malversación de caudales públicos, infracción penal de la que la Audiencia Nacional no tiene competencia para enjuiciar, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, añade que este hecho delictivo "no guarda relación con la financiación del GAL".

En este caso están procesados el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera; el ex secretario de éste, Juan de Justo; así como los guardias civiles Aníbal Machín y Félix Hernando. El fiscal pide el sobreseimiento provisioal de la investigación relativa al ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, al no existir indicios de criminalidad contra él.

Este sumario surgió con la investigación de los atentados contra los bares "Batzoki" y "Consolation" (Bayona y San Juan de Luz, respectivamente), cometidos en febrero de 1986 y en los que resultaron heridas un total de 7 personas.

Esta investigación continuó su curso en el juzgado de Garzón, después de que el Tribunal Supremo desgajase del "caso Marey" una nvestigación para conocer si existió el pago de 200 millones y si realmente procedían de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

De hecho, el Alto Tribunal retiró la imputación en el "caso Marey" de Juan de Justo y los dos guardias civiles, al considerar que estos hechos no tenían nada que ver con el secuestro de Segundo Marey.

Según la investigación de Garzón, concluida el pasado mes de abril, el dinero fue ingresado en unas cuentas corrientes suizas a nombre de las esposas de Amedo yDomínguez y salió de las arcas del Ministerio del Interior, previa orden del entonces secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.

Para el juez, quien ingresó los 400 millones de pesetas fue el entonces secretario de Vera, Juan de Justo, que, para tal fin, viajó en varias ocasiones a Ginebra durante 1989, acompañado por los guardias civiles Aníbal Machín y Félix Hernando.

Vera aseguró en su día que se había pagado esa cantidad a Amedo y Domínguez en concepto de indemnización por la pérdid del puesto de trabajo, ya que los dos ex policías estaban entonces en prisión por orden de Garzón.