Con ese fin, el magistrado elevará una exposición al ministro de Defensa, Eduardo Serra, para que la traslade al Consejo de Ministros, solicitando a éste la desclasificación de dichos documentos.

En concreto, los docuentos que el magistrado pide que sean desclasificados son los originales de unos informes del CESID que el coronel Juan Alberto Perote mencionaba en los papeles que el juez Garzón le requisó durante un registro que practicó en su celda de la prisión militar en la que se encuentra desde el pasado 8 de febrero por orden del juez militar Jesús Palomino.

Al parecer, en dichos documentos incautados a Perote se relatan supuestas acciones de la 'guerra sucia' contra ETA y también figura un manuscrito sobre l presunta planificación de acciones ilegales contra etarras por parte de la Guardia Civil. No obstante, el propio coronel restó credibilidad a dichas notas en una declaración ante el juez Palomino.

Garzón adoptará esta decisión contando con el informe favorable del fiscal del caso, quien dictaminó que debía pedir al Gobierno la desclasificación de dicha documentación por ser de interés para las investigaciones que realiza.

Además, el representante del ministerio público también solicitó al juez qe consultase al Ejecutivo si va a seguir manteniendo como materia clasificada la documentación de los servicios de inteligencia sobre la 'guerra sucia' contra ETA.

El juez Garzón ya reclamó con anterioridad diversos documentos del CESID relacionados con los GAL al Ministerio de Defensa. Sin embargo, este departamento se los denegó y promovió un conflicto de jurisdicción, que fue resuelto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción el 15 de diciembre pasado a favor de Defensa, señalando que es el Conejo de Ministros el único que puede decidir si desclasifica los documentos declarados secretos.

Tras esta resolución, el magistrado pidió de nuevo dichos documentos al Gobierno a través del trámite establecido por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, aunque el Consejo de Ministros rechazó desclasificarlos alegando que afectaban a la seguridad del Estado.

Entre otros, el magistrado reclamó, dentro del sumario del 'caso Monbar', el denominado 'acta fundacional' de los GAL del 6 de julio de 193, una nota de despacho elaborada por Perote el 28 de septiembre de 1983 sobre la inminencia de acciones violentas en el sur de Francia "por miembros de la Guardia Civil que actuarían respldados por la Comandancia de San Sebastián", así como otros documentos de octubre de 1984 y de noviembre de 1983 sobre deteminados aspectos de la lucha contra el terrorismo y con datos sobre miembros de ETA.

Perote declaró hace unos meses ante el juez Garzón como imputado en el 'caso Oñaederra' y entonces aseguró al agistrado que pocos días antes de que se cometiera el atentado contra el etarra Ramón Oñaederra fue informado de que se iba a perpetrar una acción contra un miembro de ETA en el sur de Francia.

Sin embargo, el coronel aseguró que su informante no le concretó ni el lugar ni la identidad de la víctima. Al parecer, era el teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, que estaba destinado en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) en aquella época, quien informaba a Perote de la inminencia de accione contra etarras, aunque el agente de la Benemérita negó ante Garzón que trabajase para el CESID.