"Nuestra preocupación es que los amparos de cuya resolución depende la situación de libertad de las personas tengan preferencia", agregó. "El Tribunal Constitucional no debe tener en la medida de lo posible, en sus cajones demandas de amparo en las que estas situaciones estén implicadas".

Pedro Cruz declaró a la Cope que el Tribunal Constitucional decidirá en este caso, como en los demás que aborda, si hubo un proceso justo o no. "Si lo hubo, la demanda será desestimada, y si la prescripción es la contraria, el amparo será otorgado y la sentencia condenatoria será declarada nula", añadió.

Respecto a la excesiva politización y lentitud que algunos atribuyen al Tribunal Contitucional, Pedro Cruz dijo que existe politización "en la medida en que se están resolviendo temas intensamente políticos. Es un tribunal que se ocupa de la justicia que se proyecta sobre la política", agregó, aunque indicó que el Constitucional siempre resuelve con arreglo a derecho.

En cuanto a la lentitud, dijo que los miembros del Tribunal Constitucional trabajan "a tope", si bien los recursos se acumulan porque "es muy fácil presentar una demanda. El registro del tribunal está abierto y cualquiea puede presentar una demanda, por poca o ninguna razón que tenga, y eso da mucho trabajo".

Por lo que se refiere al retraso de casi un año en la renovación de los magistrados del Alto Tribunal, afirmó que "la situación ha sido lamentable en estos meses pasados (...) Hay que abordar un sistema distinto, pero pasaría por el aprovechamiento al máximo de lo que la ley ya prevé. Si la ley prevé 4 meses de antelación para ir llegando a un acuerdo, en este tiempo se puede proceder de distinta manera si se epieza a trabajar desde el primer día y en serio".