Al finalizar la reunión, los magistrados optaron por no decidirse todaía sobre el fondo de la cuestión y conceder a los abogados de Barrionuevo y Vera tres días de plazo para pronunciarse sobre el informe del fiscal José María Luzón, en el que éste se opuso rotundamente a los indultos.

En una decisión poco habitual, el Supremo concede estos tres días para que las defensas de los dos ex altos cargos de Interior se pronuncien sobre dos consideraciones previas realizadas por el fiscal, relativas a la posibilidad legal de otorgar el indulto a quien no lo pide personalmenteindultar a un miembro del Gobierno que ha sido condenado por delinquir en el ejercicio de sus funciones.

El fiscal recordó en su informe que, tanto en el caso de Barrionuevo como en el de Vera, la solicitud de indulto fue presentado por un grupo de concejales socialistas de Ciudad Rodrigo (Salamanca), quienes "no están legitimados" para hacerlo.

Luzón puntualiza que la ley del indulto pemite que cualquier persona pueda solicitar la medida de gracia para un condenado, siempre que lo haga en nombr del reo, lo que no sucede en este caso, puesto que el indulto ha sido pedido "para" Barrionuevo y Vera, y no en su nombre, a lo que se añade la decisión mostrada por ambos de no pedir personalmente la medida de gracia.

INDULTO INCONSTITUCIONAL

La segunda consideración previa realizada por el fiscal afecta únicamente a José Barrionuevo y se refiere al artículo 102 de la Constitución Española, en el que se rechaza la concesión de indulto para el presidente del Gobierno y sus ministros, en caso de queéstos hayan sido condenados por delitos de traición o por poner en peligro la seguridad del país.

Luzón relata cómo este concepto ha sido interpretado de diferentes modos y, en ocasiones, se ha hecho extensiva la no concesión del indulto a la comisión de otros delitos cometidos por el presidente del Gobierno o sus ministros.

Además, el fiscal insiste en que Barrionuevo no incurrió en traición o puso en peligro la seguridad del Estado, pero el delito de detención ilegal del ciudadano francés Seguno Marey por el que fue condenado lo cometió "en el ejercicio de sus funciones", lo que crearía "un obstáculo constitucional para contemplar siquiera la posibilidad de indulto".

En ambos casos, las defensas de Barrionuevo y Vera tendrán una última oportunidad para mostrar su opinión a los miembros de la Sala que les condenó a 10 años de prisión. Podrán informar si hacen suyas las solicitudes de indulto, con lo que evitaría esta apreciación del fiscal, o mantienen su postura de no solicitar personalment la medida de gracia.