La Xunta entiende en el acuerdo adoptado hoy en el Consello da Xunta que la norma mencionada vulnera el reparto competencial establecido por la Constitución y el Estatuto, "al residenciar completamente en el Estado un proceso de subvenciones en relación a una materia que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma", según se establece en el artículo 27.23 del Estatuto gallego.

La orden aprobada por el Estado el 19 de febrero regula no sólo las condiciones y procedimiento de concesión de las subvenciones, sino que también le atribuye al propio ministerio a totalidad de las funciones de ejecución administrativa como son la gestión, concesión y pago de las ayudas.

En este sentido, la Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar considera que el Estado "no dispone de un poder subvencional desvinculado del poder competencial, de tal modo que el poder de gasto no puede ser autónomo de la competencia a la que se refiere".