Así lo afirmó el director corporativo de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), Jaime Barea, durante su comparecencia en la subcomisión de Infraestructuras de Puntos de Recarga Eléctrica y de Hidrógeno en la Cámara Baja, donde recordó que la antigüedad media de los vehículos que circulan en España es de 13,5 años y que las ventas de modelos de más de diez años superan en un 40% a las de vehículos nuevos.

Por ello, la patronal de vendedores y reparadores de vehículos abogó por una transición inclusiva hacia la movilidad cero emisiones “en la que no se deje atrás a grandes capas de la población por motivos económicos”, y recordó que si “un conductor utiliza un vehículo antiguo no es porque quiere sino porque no tiene la capacidad para cambiarlo”.

En este sentido, defendió el apoyo a la compra del eléctrico seminuevo para convertirlo en una opción viable para las rentas más ajustadas, mientras esta tecnología madure por completo. Según Barea, “un eléctrico de última generación con el máximo incentivo aplicado se sitúa en unos 40.000 euros, mientras que un modelo de tres años que puede costar un 50% menos, no cuenta con ningún tipo de ayuda”.

“Al incluirlos en los planes, se dinamizarían las ventas, se aceleraría la consecución de objetivos y se garantizaría una transición justa en términos económicos y sociales”, apostilló el director corporativo de la organización, quien incidió también que, para aumentar la eficacia de los planes, debe ser más rentable entregar el coche antiguo para achatarrar que volver a ponerlo en circulación.

Por último, Barea pidió a los diputados una revisión de la gestión de los incentivos, que pase por eliminar la tributación en el IRPF de las ayudas directas.