En su discurso, se definió a sí mismo como el “director de una orquesta que suena de forma armónica” y resaltó el papel que juega CEOE en un contexto generalizado de “deterioro institucional”.

Destacó la importancia de la "confianza", que es el "elemento esencial para que fluya la economía", lo que es fruto de la seguridad jurídica, estabilidad de la norma y la calidad regulatoria, “fundamentos” que no se están garantizando y que constituyen su “principal preocupación”. Contrapuso el contexto actual con la Transición y las décadas posteriores, con una “España democrática” que ha “permitido vivir en paz” y desarrollar proyectos para “progresar en la vida”. "Somos hijos de la democracia y no nietos de la dictadura, como parece que algunos quieren", afirmó.

Se preguntó si “los problemas que tiene España no se deben a haber olvidado o abandonado los principios fundamentales de nuestra democracia parlamentaria y los valores que inspiraron la Constitución del 78” e insistió: “Vemos la situación actual con profunda preocupación”.

CUMPLIR LAS LEYES

Asimismo, resaltó que se necesita que los españoles recuperen “la confianza en sus instituciones” y que “las leyes se cumplan”, poniendo como ejemplo que el Gobierno lleva cuatro años incumpliendo su obligación constitucional de presentar presupuestos. “¿Qué tiene que pasar para que pase algo?”, cuestionó. Además, exigió respetar la “separación de poderes” y respetar a la Justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El presidente de los empresarios españoles se adentró también en la crisis de la vivienda, de la que dijo que es “real”, pero aclaró que es “responsabilidad” de la Administración resolverla y, en todo caso, avisó de que “nunca puede derivar en una invasión de la propiedad privada”. Al respecto, calificó de “grotesco” que “una parte del Gobierno llame a manifestarse contra el propio Gobierno” e ironizó con que el Ejecutivo actúa como “Robin Hood”, aunque se parece más al “sheriff de Nottingham”.

Denunció que los decretos tienen “más tinte político y electoral” que medidas que vayan a resolver realmente el problema de la vivienda, un tema en el que denunció que el Gobierno ha actuado con “inacción”. Igualmente, dijo que él votaría "no" sobre los decretos, al ser preguntado por el Pleno de este viernes, aunque dejó claro que se deben atender desde el Estado situaciones como la de Maricarmen. "No consiste en que, como yo no hago nada, lo cojo en lo privado y a ti te lo cargo", aseveró.

En clave laboral, Garamendi puso el foco en el “intervencionismo” en el diálogo social del Ministerio de Trabajo, con numerosas modificaciones en la reforma laboral pactada de forma tripartita en 2021. A los sindicatos, para poder alcanzar un nuevo acuerdo general de convenios, les trasladó que no se puede dejar de tener presente el contexto que se vive a la hora de establecer recomendaciones para la evolución de los salarios.

DEFENSA DE LAS FRONTERAS

En su alocución, pidió a los principales partidos recuperar consensos en cuestiones de Estado como la política exterior, apartado en el que se refirió directamente a la situación de Ceuta, recordando que “es España”. Asimismo, mostró su apoyo a la Corona y celebró que vaya a visitar, este mismo mes, el rey Felipe VI.

“Si las fronteras de Ceuta, España, han sido vulneradas, necesitamos que se actúe con urgencia y contundencia”, apremió Garamendi en un auditorio con la bandera de España y de Ceuta.

Garamendi, que preside la patronal desde 2018, no contó con rivales en las elecciones internas, a diferencia de lo ocurrido en 2022, cuando la catalana Foment del Treball impulsó la candidatura de la empresaria Virginia Guinda, si bien el presidente logró más del 80% de los apoyos.

Además, el proceso de este año fue muy diferente de los comicios de Cepyme del año pasado, cuando el ya expresidente, Gerardo Cuerva, y la nueva presidenta, Ángela de Miguel, protagonizaron una bronca campaña. En esta ocasión, además, incluso Foment y patronales que avalaron a Guinda apoyaron a Garamendi, que puede emprender un tercer mandato gracias a un cambio en los estatutos que topaba el límite en ocho años.

El contexto del tercer mandato apunta a continuidad con el anterior, cuando la relación con el Gobierno se tensó notablemente, después de una primera legislatura en la que los acuerdos con sindicatos y Ejecutivo tomaron el mando, con pactos como el de la reforma laboral de 2021, los ERTE covid y la ‘ley rider’, entre otros. Eso sí, después el cruce de acusaciones fue constante, especialmente con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.