Así se expresó Garamendi a preguntas de los medios en el Congreso de los Diputados, donde clausuró la jornada de presentación de la nueva patronal AlianzAS, representante de empresas de servicios esenciales especializados en alta necesidad de mano de obra.

Garamendi, que es vicepresidente de la patronal europea, reveló que cuando viaja al exterior ahora, “sinceramente, la pregunta es qué está pasando en España”, cuando lo que necesita la actividad económica es “seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de la norma, en definitiva, confianza”.

“Nos merecemos, en el plano político, que los responsables políticos sean responsables y hagan lo que tengan que hacer”, añadió Garamendi, pero sin responder de forma concreta sobre si el PNV o Junts deberían finalizar la legislatura. “Yo no hago política, para eso están los grupos, los partidos políticos. Lo que yo digo es que cada uno tiene que ser responsable de sus planteamientos”, despejó.

Igualmente, expresó su “respeto” a la justicia, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los medios de comunicación, y lamentó que sufran determinadas críticas “cuando no gustan” sus actuaciones, en alusión clara al Gobierno y algunos miembros del PSOE que apuntan a que hay persecución contra el Ejecutivo actual.

Previamente, en la jornada de la patronal AlianzAS, Garamendi elogió la labor de las empresas de los servicios esenciales, de los que dijo que su importancia se puso más en valor que nunca durante la pandemia. Tras ello, avisó de la incertidumbre económica y política actual, aunque previno de que no sirve escudarse en las tensiones geopolíticas para no “hacer los deberes en casa”.

Al respecto, comentó que “la mayor empresa del país es el Estado” y denunció que se cumplan ya tres años sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que no podría pasar en una compañía privada. “En una empresa, estaríamos en la calle todos”, ironizó.

En su alocución, avisó también de los elevados niveles de endeudamiento de España, pese a estar en ´récord de recaudación y sin que se adopten medidas como la deflactación del IRPF, lo que cuesta a los ciudadanos unos 19.000 millones de euros.

Finalmente, mostró su apoyo a reivindicaciones de las empresas de servicios intensivos en mano de obra como la relativa a que se actualicen los contratos públicos con aumentos de costes que deciden las propias administraciones, como son las revalorizaciones del salario mínimo interprofesional (SMI).