El magistrado acuerda la comparecencia del investigado a partir de las 11.00 horas por videoconferencia desde el centro penitenciario Pamplona I, donde el exjefe de la banda terrorista cumple condena.

García Castellón pone así fecha a la comparecencia de uno de los exjefes estarras a los que acordó tomar declaración el pasado mes de julio a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, contra ‘Kantauri’; Mikel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’, y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, por delitos de secuestro terrorista y asesinato terrorista.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tomó la decisión de citarlos una vez recibido el informe de la Guardia Civil encargado por el juzgado para determinar los miembros del comité ejecutivo de ETA (ZUBA) en ese momento y su posible participación en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua.

En esta línea de actuación el magistrado no considera a los tres cabecillas de ETA ejecutores materiales de la muerte de Blanco pero entiende que tuvieron “una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista con capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo, pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado”.

Tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en 1992, la banda puso en marcha una nueva estrategia de “desestabilización” que incluía acciones contra objetivos políticos del PP y del PSOE y atentados de enorme repercusión social como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o el intento de atentado contra un miembro de la Familia Real.

Así, entre la documentación incautada aparecieron comunicaciones manuscritas del entonces responsable de los comandos ilegales de la banda, ‘Kantauri’, en las que se alentaba a dar prioridad absoluta al “secuestro de un concejal del Partido Popular”. La víctima fue Miguel Ángel Blanco.

Entiende el juez que dado el modo de actuar de ETA es improbable que una acción terrorista de ese calado fuese realizada por un comando sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA.