En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que ni se han vulnerado las normas esenciales del procedimiento ni se ha causado indefensión al investigado, tal y como denunciaba.

Además, señala que la recusación “carece de los más elementales requisitos formales exigidos para su tramitación”, conforme el artículo 223.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que no está firmada por el recusante, ni se acompaña de poder especial, ni se ha producido ratificación, por lo que tampoco resultaría por esta vía admisible, como ha ocurrido en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal con la recusación presentada por el investigado de Josep Lluis Alay.

El pasado 15 de enero, la Audiencia Nacional acordó el archivo definitivo de la recusación que Josep Lluís Alay, asesor del expresidente catalán Carles Puigdemont, presentó contra el juez que investiga al movimiento Tsunami Democràtic, por criticar en un foro la amnistía.

La sección tercera de lo Penal dictó entonces una providencia en la que argumentaba que la recusación no se admitía porque no se había subsanado el defecto formal que se detectó en los escritos presentados y que se había superado el plazo previsto para ello.