Con este auto, el magistrado intenta neutralizar el contenido de la enmienda pactada entre el PSOE y Junts para asegurar la amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas más imputadas por terrorismo en esta causa.

Los Convenios europeos suscritos por España excluyen de la posibilidad de amnistía para los casos de terrorismo que “de forma manifiesta y con intención directa, causen violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario”.

A juico del instructor del caso de Tsunami Democràtic, lo ocurrido en las protestas “no puede minimizarse” y la gravedad de la agresión sufrida por los agentes sería “incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados”.

En su auto, García-Castellón apunta la existencia de un “ánimo homicida” y rechaza el recurso de dos investigados y la Fiscalía en el que defendían que los hechos sucedidos en la barcelonesa plaza de Urquinaona el 18 de octubre de 2019 no fueron responsabilidad de Tsunami Democràtic, sino de los CDR, por lo que no sería procedente permitir la personación de los dos policías.

Según el juez, esta circunstancia no resta responsabilidad a Tsunami, que convocó para esa fecha una huelga general en cuyo marco se produjeron los incidentes, y señala una conversación de Puigdemont en la que “parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales” en esas protestas.

Uno de los agentes cuya personación se acepta sufrió un golpe violento con un objeto contundente que le rompió el casco provocando que cayera inconsciente y, como consecuencia de las lesiones, quedó inhabilitado para el ejercicio de su profesión.