Así lo defendió durante su intervención en el debate del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 para defender las partidas correspondientes a su departamento y en la que el ministro desgranó los programas y políticas a los que destinará sus 63,69 millones de euros, un 11,38% más que en 2022.

En el capítulo relativo a las políticas de apuestas y juegos de azar, Garzón recordó que el presupuesto para la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) aumenta un 9,46%, lo que posibilitará, entre otras cuestiones, “reforzar” la lucha contra el “fraude” en las apuestas deportivas y financiar proyectos de investigación para la prevención de los trastornos provocados por el juego.

Con respecto al mundial, Garzón reiteró que, a su entender, “son momentos de enorme sensibilidad donde se producen, en manera bastante importante, apuestas de todo tipo, como ha ocurrido en competiciones deportivas como la última Eurocopa”.

Para el ministro, la “fortuna”, que, puntualizó, “no es el resultado del azar, sino del trabajo de este Gobierno”, ha hecho que en España “esté ya en vigor el real decreto de publicidad de juegos de azar y de apuestas, que restringe la publicidad”. “Y que hace que, por lo tanto, en nuestro país en este momento no esté produciéndose esa invasión y ese bombardeo de publicidad de juegos de azar y de apuestas que era típico de los momentos como el actual de competiciones deportivas”.

“De hecho, España es el único país de la Unión Europea donde existe esta regulación en curso y es el único que en este momento cuenta con cierta tranquilidad, a diferencia del resto de países que están viviendo una situación importante y sensible con respecto a la invasión de publicidad y la vulnerabilidad de una parte de la población especialmente sensible a esta materia”, apostilló.

DETECCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO

Como novedad, resaltó la futura puesta en marcha de un mecanismo de detección de jugadores con “comportamientos de riesgo” con el fin de “prevenir futuros problemas de adicción” y que tiene asignados 800.000 euros.

Para ello, según subrayó, se creará un algoritmo, basado en estudios científicos de prevalencia y modelos de evaluación de riesgo, que permitirá conocer “cuándo un jugador ‘online’ puede estar incurriendo en conductas peligrosas o adictivas”. Y ello, gracias a la “reorientación” de la tasa por la gestión administrativa de juego que pagan los operadores y que, según su criterio, “deriva y declina en una mejora de la protección de las personas consumidoras de este tipo de actividad”.

“Se trata de repetir también con este presupuesto la promoción de proyectos de investigación centrados en los efectos y riesgos de las actividades de juego, así como profundizar en campañas de sensibilización y prevención poniendo el foco en las personas en situación de vulnerabilidad ante posibles comportamientos de riesgo”, sentenció.

En paralelo, subrayó que la Dirección General de Ordenación del Juego “reforzará” su capacidad inspectora y “facilitará” mecanismos para la interconexión de los registros de auto prohibidos para que “aquellas personas que no tienen suficiente voluntad o quieren garantizar una auto prohibición en algún salón de apuestas o de juegos de azar pueda inscribirse en ese registro de la comunidad autónoma para tener prohibido y vetado el acceso a ellos”.

Finalmente, aseveró que las cuentas “sirven” también para “intensificar” la lucha contra el “fraude” en apuestas deportivas y el “juego ilegal” y permitirán al Gobierno “profundizar” en la propuesta legislativa de la ley contra las denominadas cajas botín de los videojuegos.

En el transcurso de su intervención para defender las enmiendas presentadas por su grupo, la diputada del PSOE Marisol Sánchez valoró el incremento del presupuesto de la Dirección General de Ordenación del Juego “para evitar fraudes, publicidad engañosa y luchar contra la ludopatía”. “Al contrario de lo que hacen los Gobiernos autonómicos del PP en Andalucía, Murcia o Madrid, que bajan las tasas a bingos, casinos, tragaperras a toda costa y a costa de la salud de la gente”, advirtió, en respuesta a la diputada ‘popular’ Carmen Riolobos, que criticó la utilidad del Ministerio de Consumo.

En la misma línea, el diputado de Unidas Podemos José Luis Bueno hizo hincapié en la financiación destinada en las próximas cuentas a los proyectos de investigación “para la prevención de los trastornos provocados por el juego” y destacó el “impulso normativo” a la regulación de las cajas botín que, lamentó, “han proliferado los últimos años, sobre todo en el contexto de los videojuegos”.

“Su regulación es fundamental si queremos avanzar en la prevención y en el freno del juego problemático y las conductas que lleva asociadas y que son enormemente perjudiciales en concreto para nuestros adolescentes”, resolvió.