Con las siete personas a las que interrogó hoy, Garzón ha cerrado la ronda de comparecencias que inició el pasado 9 de febrero y en la que han pasado por su despacho un total de 37 imputados.

De ellos, el juez ha dejado en libertad a 34 y sólo ha ordenado el ingresó en prisión preventiva de tres: el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y sus dos principales colaboradores, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario general del PP de Galicia Pablo Crespo.

Nombela, que fue cesado en febrero pasado por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, trabajó en las empresas de Correa Special Events, investigada por adjudicarse concursos en administraciones del PP, así como de Easy Concept.

Además de Nombela, Garzón dejó en libertad tras tomarle declaración a Pablo Collado Serra, antiguo alto cargo del gobierno balear durante la etapa del popular Juame Matas. En concreto, Collado Serra fue director gerente de la Fundación Baleares Sostenible y su implicación en la trama deriva de su condición de consejero delegado de la empresa Easy Concept.

La misma suerte corrió el abogado Luis de Miguel, quien quedó en libertad tras comparecer ante Garzón. Este letrado está implicado en la trama por haber sido el asesor fiscal de Correa.

SIN DINERO PARA COMER

También quedó en libertad sin medidas cautelares Fernando Torres Manso, antiguo diseñador gráfico de la empresa de Correa Special Events.

A su salida del juzgado, Torres Manso aseguró que no tiene nada que ver con la trama de corrupción y explicó que, debido a su imputación en la causa, se ha quedado sin trabajo. Este imputado, que señaló que tiene una hija, llegó a decir que no tiene dinero suficiente para comer.

Por último, Garzón dejó en libertad a María Victoria Romero Párraga, accionista de Special Events y de Pasadena Viajes; a Juan Manuel Jiménez Bravo, jefe de muchas de las obras realizadas por las empresa de Correa; y a una empleada del despacho R. Blanco-Guillamot de nombre Carmen.

El magistrado estuvo durante casi cinco horas tomando declaración a estas siete personas. A pesar de quedar en libertad, todos ellos siguen imputados en la causa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Garzón está todavía pendiente de decidir a que tribunal envía la causa tras inhibirse. A pesar de que el juez dijo haber encontrado indicios suficientes para imputar a aforados nacionales (diputados, senadores y europarlamentarios) y, por lo tanto, para elevar la causa al Tribunal Supremo, la Fiscalía anticorrupción aseguró ayer que estas pruebas no son suficientes y que la investigación debe quedar en manos de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.