Estas fuentes señalaron que el magistrado, en contra de lo publicado por varios medios de comunicación, no ha terminado todavía de redactar el auto el que argumentará su decisión, y añadieron que hoy mismo el juez ha incorporado al escrito nueva documentación aportada por las partes.

Por lo tanto, Garzón debe todavía despejar la incognita mantenida desde que el pasado 1 de septiembre, tras recibir una denuncia de varias asociaciones que se dedican a la recuperación de la memoria histórica, decidió solicitar a varias instituciones, entre ellas a la Conferencia Episcopal, datos sobre los desaparecidos en la contienda y la dictadura.

Todas las investigaciones que Garzón ha llevado a cabo hasta ahora sobre los desaparecidos y fusilados de la Guerra Civil se han articulado como diligencias previas, es decir, se trata de pesquisas ordenadas antes de decidir si hay base jurídica suficiente para quedarse la causa o si, por el contrario, tiene que inhibirse en favor de la juzgados territoriales.

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica presentaron el pasado 6 de octubre al juez Garzón una "lista única" en la que cifraban en un total de 133.708 las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra.