El auto de Garzón establece el cierre de todos los locales de la coalición abertzale por considerar que forman parte de un entramado económico y organizativo vinculado a la banda terrorista ETA.

La decisión del juez sebasa en el artículo 129 del Código Penal, que prevé la suspensión de actividades de asociaciones y empresas por un máximo de cinco años.

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