En declaraciones a Servimedia, Sánchez Llibre aseguró que la operación es del agrado de CiU, si bien esta formación poltica considera que deben cumplirse diferentes condiciones.

Así, cree que la operación debe hacerse desde "el máximo cumplimiento" de la legislación vigente y exigir que no perjudique a los pequeños accionistas, ni se les deje al margen.

Además, puesto que el resultado final dará lugar previsiblemente a una empresa más competitiva, a cambio debe tener como "grandes beneficiados" a los consumidores, en el sentido de que "pudieran beneficiarse de una rebaja de los precios". También pidió que la nuev compañía mantenga su sede en Barcelona.

Finalmente, insistió en que los organismos administrativos encargados de autorizar o no la operación, en referencia a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia, deben mantener la "neutralidad" en su labor reguladora.