Así losugieren en una proposición no de ley presentada hoy en rueda de prensa por el portavoz popular de Consumo, Tomás Burgos, que abogó por la modificación del sistema si se demuestra que el actual no garantiza la inviolabilidad de los certificados de inspección.

Los populares instan al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para "mejorar la garantía de los derechos de los consumidores y ususarios en la adquisición de productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos".

Refrzar las actividades de inspección y adoptar las medidas necesarias para coordinar mejor la lucha contra el fraude entre las distintas administraciones, son otras de las propuestas del Grupo Popular.

También apuestan por una mayor colaboración de las asociaciones de consumidores para informar a los ciudadanos sobre sus derechos y garantías legales en vigor, para que pueden defender sus intereses de forma más eficaz.

Asimismo, proponen incrementar la colaboración entre las compañías suministradora, asociaciones empresariales y usuarios para facilitar el control, las reclamaciones, la elaboración y aplicación de códigos de conducta y el establecimiento de responsabilidades contractuales en cada sector.

Con independencia de los resultados de las investigaciones en curso, aseveró Tomás Burgo, los ciudadanos tienen derecho a la "máxima seguridad y confianza tanto en la calidad de los bienes y servicios que demandan como en que el precio abonado se corresponda fielmente con la cantidad y calidad soicitadas".

Los avances informáticos y electrónicos en los sistemas de medición y control metrológico aconsejan, por tanto, una revisión profunda de su eficacia y de las garantías frente a intentos de manipulación.