“Bajo nuestro punto de vista, las leyes o se modifican o se cumplen, y, cuando hay diferencias, se tiene que acudir a la vía judicial para hacer esa resolución”, alegó en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP al ser preguntado por la negativa de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

De este modo, el responsable económico del PP defendió que, “si hay diferencias o hay dudas en cuanto a la aplicación, se acude a la vía judicial para que la interpretación sea la correcta para todos”, rehusando así posicionarse sobre la postura de Ayuso.

Cargos de la dirección nacional del PP consultados por Servimedia alegaban hace unas semanas, a consulta de Servimedia, que hay margen para el debate jurídico porque, según su interpretación, la ley del aborto no recoge en su artículo 19 ter una obligación expresa, sino que lo contempla “a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación”.

No obstante, todas las comunidades gobernadas por el PP a excepción de Madrid han creado este registro, siendo Aragón y Baleares las últimas ante la amenaza del Gobierno de llevarles ante el Tribunal Constitucional.