Así lo precisó este martes la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un comunicado en el que desglosó los principales indicadores del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2023 del Ministerio de Derechos Sociales.

La reducción de los presupuestos de las RMI en la “mayor parte” de las comunidades supone, a su juicio, que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, “se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de casi 400 millones de euros”.

El porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza en España que se ha beneficiado de las RMI que ofrecen las comunidades autónomas se está “reduciendo”, según la entidad, desde el 2015, tras alcanzar ese año su nivel más alto con un 8,7%, salvo en el año 2020, coincidiendo con la pandemia.

La entidad señaló que los perceptores de IMV “van en aumento” mientras que los de rentas mínimas “disminuyen” y que seis de cada diez titulares de renta mínima son mujeres, el 23,4% son menores de 35 años y hay más de 87.000 menores en familias que perciben una Renta Mínima.

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Tras puntualizar que pobreza y exclusión social “son conceptos diferentes, aunque exista una clara relación entre ellos”, la asociación reivindicó que, por eso, la aprobación del IMV, que viene a “aliviar” situaciones de pobreza, “hubiera sido la oportunidad” de destinar los recursos de las RMI de las comunidades a implementar políticas y actuaciones “eficaces” de inclusión social, “más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas”.

En este contexto, subrayó que sólo cuatro comunidades han aumentado la inversión en rentas mínimas desde el año 2020 y que Canarias con un aumento del 139,1% y Baleares (58,4%) encabezan el aumento de la inversión, seguidas de Comunidad Valenciana (8,7%) y País Vasco (4,7%).

“La Comunidad de Madrid ha dejado de invertir casi 130 millones de euros, reduciendo su inversión en un 95% y le sigue Aragón con una reducción del 93%”, criticó, al tiempo que explicó que en esta reducción del gasto les siguen Castilla-La Mancha (88,2%), Castilla y León (80,7%) y Andalucía (79,8%).

A su vez, indicó que desde el año 2020, con la implantación del IMV, se han reducido un 33,1% las personas perceptoras de Rentas Mínimas, esto es más de 170.000 beneficiarios, y que en esta reducción “destaca” Madrid con una reducción del 95,3%; Castilla–La Mancha, donde se han perdido nueve de cada diez beneficiarios; Andalucía (87,2% menos) y Castilla y León (81,7% menos).

Además, cuatro de cada cinco personas perceptoras de rentas mínimas se encuentran en Valencia, País Vasco, Cataluña, Navarra y Canarias.

POBLACIÓN BAJO EL UMBRAL

Asimismo, País Vasco (62,9%) y Navarra (35,4%) destacan con porcentajes que superan o se acercan al 50% de su población por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, en tres comunidades las RMI ni siquiera alcanzan al 1% de las personas bajo el umbral de la pobreza, que son Castilla–La Mancha (0,1%), Madrid (0,4%) y Andalucía (0,6%), mientras que no llegan al 2% Castilla y León (1,2%) y Murcia (1,3%).

La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,3% de la renta media por hogar en España y en este aspecto las diferencias entre comunidades son “extremas”, según la asociación.

Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son de Baleares (33,6%), Cataluña (18,8%) y Canarias (18,1%) y las más bajas, en Madrid (9,4%), Murcia (9,2%) y el caso “más extremo” es Aragón, donde la cuantía de sus RMI sólo representa el 1,4% de la renta media de los hogares de su territorio.

Al analizar conjuntamente la cifra de las personas perceptoras de Ingreso Mínimo Vital y Rentas Mínimas, la asociación estimó que 1.454.271 personas las reciben por encontrarse en una situación de pobreza, excluyendo las que perciben el IMV por tener el complemento de Infancia.