Las personas más perjudicadas son los 827.984 desempleados, el 93,9% del total de ellos, cuyas prestaciones o subsidios de desempleo no llegan a los 12.000 euros, según expuso Gestha en un comunicado, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

También están afectados los 53.506 desempleados que en el mismo año pasaron a ser pensionistas, un 54,8% de ellos, y los 1,2 millones de asalariados que en el mismo año estuvieron desempleados, un 39,7%.

En concreto, un 36,9% de los que son solamente pensionistas cobran menos de 12.000 euros, son 3,2 millones de personas, al igual que lo que cobran 3,8 millones de trabajadores, un 22,7%.

Asimismo, existen 12.805 asalariados que en el mismo año pasaron por el desempleo y finalmente alcanzaron una pensión, el 16,4% de este grupo, y finalmente, 54.350 trabajadores que en el mismo año pasaron a ser pensionistas, un 7,8% de ese colectivo.

Por comunidades autónomas, el mayor número de personas con rentas bajas reside en Andalucía, con 2,1 millones de personas en situación de precariedad económica.

En Cataluña, esta situación afecta a 1,4 millones de personas con rentas precarias, mientras que en Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana la cifra se sitúa en 1,1 millones de personas en ambos casos.

En estas cuatro comunidades reside el 62,3% de las personas que reciben rentas totales por debajo de los 12.000 euros anuales.

En términos relativos, un 40,8% de las personas que perciben estas rentas vive en Extremadura y un 38,5% en Andalucía. Le siguen un 35,8% de las personas que residen en Ceuta y Melilla.

A pesar de que la tasa de pobreza en España se encuentre en su nivel más bajo desde 2014, Gestha avisó de que la cifra de personas que no llegan al mileurismo debe preocupar.

Por eso, los técnicos de Hacienda se unieron a la petición de un Pacto de Estado contra la Pobreza, y pidió a todas las administraciones públicas con competencias en la materia que aúnen sus esfuerzos para incrementar los sueldos mínimos, la inclusión laboral y la mejora de las pensiones.

Para ello, apostaron por una mayor redistribución de las políticas de gasto social y del sistema tributario, y una evaluación de su impacto en la reducción de las tasas de pobreza en España.