Gestha calculó que esa cantidad, sumada a los 23.119,45 millones adicionales que han aumentado las entregas a cuenta entre 2023 y 2025, podría sumar un total de 60.000 millones de euros más para las comunidades autónomas de régimen común.

Así, contarían con unos 250.000 millones para que las cuentas públicas regionales no incurran en déficits de financiación estructurales y puedan reducir el endeudamiento.

Para los técnicos del Ministerio de Hacienda, la magnitud de las cifras que manejarán las comunidades autónomas con el nuevo modelo “debe exigir su corresponsabilidad con los ingresos tributarios y la estabilidad de las cuentas públicas regionales”.

En la parte de los ingresos, Gestha considera necesario reforzar la corresponsabilidad fiscal de las autonomías “mediante reglas comunes que aseguren que las decisiones fiscales adoptadas por cada territorio (…) tengan un reflejo directo en su financiación”. En este sentido, Gestha instó a evitar el dumping fiscal y dinámicas de competencia fiscal desordenada.

Por el lado de los gastos públicos, los técnicos de Hacienda recordaron que las autonomías de régimen común son responsables del 36,3% del gasto total de las Administraciones Públicas, por lo que resulta “imprescindible” reforzar los compromisos de estabilidad presupuestaria, así como la eficiencia y transparencia en la ejecución de los gastos e inversiones públicas.

Asimismo, Gestha recordó que los distintos acuerdos de financiación autonómica han incorporado, tradicionalmente, un aumento de la capacidad normativa que ha mejorado los ingresos autonómicos y una elaborada lista de criterios para adaptar, a través de diferentes fondos, la financiación inicial a las circunstancias de cada comunidad.

Estas circunstancias, que en el debate reciente suelen denominarse “singularidades”, responden, según los técnicos de Hacienda, a “realidades objetivas” que deben tenerse en cuenta para garantizar la prestación de los servicios públicos.

Gestha apuntó que la atención a estas circunstancias se ha articulado a través de diferentes fondos financiados con transferencias del Estado y añadió que todos los acuerdos de financiación han procurado que todas las autonomías mejoren en su financiación final.

En relación con el criterio de ordinalidad, Gestha explicó que no es “un principio constitucional”, ni se regula en la normativa vigente de la financiación autonómica.

De hecho, Gestha avisó de que “presentaba riesgos de inconstitucionalidad”, por lo que el reto de la negociación es “mantener los importes los mecanismos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que garantiza un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales” en todas las regiones.

Asimismo, recalcaron que el actual modelo está caducado desde 2014 y está provocando importantes déficits de financiación, por lo que instaron a todas las formaciones parlamentarias a impulsar una reforma necesaria, ajustada al ordenamiento constitucional.

En este contexto, Gestha considera que la reforma del sistema de financiación autonómica constituye “uno de los principales retos estructurales de España” y abogó por un pacto multilateral con las comunidades que permita actualizar el modelo y reforzar la cohesión del Estado autonómico.