Asimismo, afirmó que considera imprescindible reestructurar los incentivos del IRPF tras el anuncio de que se bonificará el 100% a aquellos inquilinos que no suban el alquiler tras la finalización del contrato. En este sentido, el Sindicato recordó la bonificación del 90 % que actualmente se aplica a los propietarios que renuevan contratos reduciendo el precio, al menos, un 5 % en las zonas tensionadas y señaló que, de no realizarse esta redefinición, "podría percibirse que los propietarios que mantienen el precio obtienen más ventajas fiscales que aquellos que lo rebajan".

Asimismo, los técnicos piensan que aún es pronto para evaluar el impacto de las bonificaciones vigentes en la contención de los precios, dado que las reducciones fiscales del 90%, 70%, 60% y 50% entraron en vigor en enero de 2024, siendo aplicadas por primera vez en la Renta 2024 (abril‑junio de 2025), por lo que opinan que aún no ha transcurrido un plazo suficiente para analizar su eficacia.

Respecto a la nueva regulación destinada a evitar el fraude en los alquileres de temporada, los técnicos de Hacienda subrayan la importancia de garantizar que estos arrendamientos no se utilicen para eludir la normativa del alquiler de vivienda, así como para combatir abusos en el alquiler de habitaciones a precios desproporcionados respecto a la renta total de la vivienda. En este sentido, Gestha recomendó reforzar los controles sobre las viviendas de uso turístico, siguiendo la línea de la UE para establecer un tipo impositivo del IVA específico en los arrendamientos vacacionales.

En cualquier caso, los técnicos recordaron que las medidas fiscales pueden ser útiles para afrontar ciertos problemas del mercado inmobiliario, pero no son suficientes por sí solas para resolverlos.

En su opinión, la evolución del mercado del alquiler depende en gran medida de factores estructurales, como la oferta disponible, la seguridad jurídica, los plazos de generación de nueva vivienda y el marco regulatorio aplicable a los alquileres turísticos, entre otros elementos, siendo decisiva la vivienda de construcción pública que puedan promover las distintas administraciones.