El sindicato señala en un comunicado que "la insuficiente transparencia que rodea las relaciones entre grandes sectores económicos y responsables públicos erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, por lo que es necesario avanzar en la regulación de la actividad de influencia, la incompatibilidad, la transparencia y el fortalecimiento de la integridad institucional".

A juicio de Gestha, el principal problema no reside únicamente en la existencia de actividades de representación de intereses mediante lobby, que cree que deberían estar reguladas por ley y que deberían estar prohibidas para quienes han sido altos cargos, altos funcionarios y para quienes han ejercido puestos de representación públicas, "sino en la insuficiente transparencia que rodea determinadas relaciones entre responsables públicos y grandes intereses económicos".

Plantea crear un "Registro de Grupos de Interés" público y obligatorio, gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses, que permitiría conocer la identidad de los lobistas y sus relaciones con los responsables públicos, cuya inscripción en el registro podrá revocarse en los casos más graves.

También aboga por un código de Conducta obligatorio de los lobistas sometido a principios éticos estrictos, incluyendo la prohibición de ofrecer regalos o beneficios de cualquier clase a los cargos públicos. También proponen que las infracciones graves y graves sean de conocimiento público.

PRESCRIPCIÓN DELICTIVA

Según Gestha, debe ponerse en marcha un refuerzo de las incompatibilidades tras el cese de funcionarios y de los altos cargos, que tendrán prohibido realizar actividades profesionales de influencia en materias relacionadas con sus competencias previas, y no que se permita ser lobista a los dos años siguientes a su cese.

El sindicato defiende que la ley obligue a publicar con personas o entidades se reúnen, los asuntos que se tratan y los documentos que se presentan en dichas reuniones.

Asimismo, Gestha ve preciso endurecer las penas de los delitos de corrupción, de forma que pasen de prescribir en cinco años a siete años, para facilitar las investigaciones complejas.