De esta forma, Gestha indicó en un comunicado que el ministro de Hacienda, Arcadi España, deberá acreditar ante los consejeros de Hacienda que la ordinalidad no limita el principio constitucional de solidaridad interterritorial.

Gestha también recordó que el Tribunal Constitucional interpretó la ordinalidad en una sentencia en la que argumentó que el principio de solidaridad obliga al Estado a procurar un “equilibrio económico, adecuado y justo” entre las comunidades autónomas que no perjudique a las más prósperas más allá de lo necesario, excluyendo que su resultado empeore la condición de quien contribuye respecto de quien se beneficia de una contribución de solidaridad.

También señaló que la ordinalidad beneficiará a los territorios con mayor recaudación (Madrid, Baleares y Cataluña), por lo que el aumento de los fondos y el nuevo reparto debe mantener la solidaridad con las comunidades receptoras netas de los fondos de nivelación y de solidaridad interterritorial, como Extremadura, Canarias o Asturias. Así, para los técnicos del Ministerio de Hacienda, cualquier regla de ordinalidad debe aplicarse con criterios generales y transparentes.

Para compatibilizar la ordinalidad con la solidaridad, la propuesta del Ministerio es la nivelación horizontal limitada al 75% de la media de recursos por habitante ajustado (que evita que la redistribución directa entre comunidades "dé la vuelta" al ranking original de capacidad) y la nivelación vertical del Estado dotada con 19.000 millones de euros de recursos propios para reducir en dos tercios la brecha per cápita de las regiones con menores ingresos respecto a Madrid (referencia del sistema), logrando la equidad interterritorial sin extraer recursos desmedidos de las comunidades aportadoras ricas.

Por otra parte, Cantabria y Extremadura quedan protegidas por la cláusula de Statu Quo (a la que se dota con 400 millones de euros estatales) para asegurar que ningún territorio registre pérdidas absolutas al inicio del modelo

En la negociación de este viernes planeará el proyecto de ley de condonación de 83.252 millones de la deuda autonómica por el Estado, actualmente pendiente de tramitación en el Congreso.

Pero Gestha explicó que la propuesta no incluye una armonización fiscal que limite las competencias normativas de las comunidades, ni suelos o mínimos de gravamen, sino que se afinará el procedimiento de cálculo de la recaudación normativa de la CCAA de los Impuestos de Sucesiones y Donaciones, de Patrimonio, impuestos y tasas del Juego, sobre la Entrega de residuos y Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados (ITP y AJD). En cambio, en el IRPF e Impuesto de Matriculación seguirá utilizándose el mismo procedimiento de cálculo que en la actualidad.

De esta manera, la contribución de las comunidades a la solidaridad del sistema de financiación se hará respecto de la recaudación normativa, es decir, la recaudación que se lograría en sus territorios de acuerdo con las normas estatales en los años de referencia, desdeñando la recaudación real derivada de los aumentos o rebajas impositivas. En su opinión, de este modo, existiría un “desincentivo” a la competencia fiscal a la baja, especialmente en el Impuesto sobre el Patrimonio y en Sucesiones y Donaciones.

No obstante, pese a estas reformas y el aumento de recursos, Gestha reiteró que el modelo definitivo debería inyectar 16.000 millones de euros adicionales para evitar los déficits estructurales en las cuentas autonómicas, que tendrían que proceder preferentemente del aumento de la recaudación derivada del aumento de la actividad económica, con una mejora de la lucha contra el fraude y en caso necesario, ensanchando las bases imponibles.

En este sentido, Gestha resaltó que un aumento de las competencias de los técnicos del Ministerio de Hacienda y del aumento de plantilla dedicada al control y a la recaudación podría elevar los resultados de la lucha contra el fraude en unos 5.000 millones anuales.

Por ello, los técnicos de Hacienda piden “superar la confrontación política” mediante una negociación en el CPFF para lograr un acuerdo que garantice la prestación de los servicios públicos fundamentales en sanidad, educación y dependencia a lo largo del próximo quinquenio 2028-2032.