Aseguran que este tipo de actuaciones relacionadas con decisiones judiciales e indultos, que "se repiten con alarmante frecuencia en los últimos tiempos", "provocan desmoralización social en sectores preocupados por el respeto a los derechos humanos".

El colectivo pacifista se muestra precupado por "la distancia existente entre la legislación actual y la actuación del Gobierno central ante casos de malos tratos y torturas, y el mayoritario rechazo social que, en relación a tales delitos, se constata".

Gesto por la Paz es favorable a que "un delito de esta gravedad, y que causa tanta alarma social y descrédito institucional", sea castigado "con mayor contundencia y piensa que "difícilmente puede ser proclive a la aplicación de medidas de gracia como el indulto".

Asimismo, estima qe "es preocupante" que personas condenadaas por torturas vayan a ostentar un poder contra todos los ciudadanos.

Finalmente, la coordinadora Gesto por la Paz exige al Gobierno "un mayor rigor ético" a la hora de conceder indultos y que estas medidas de gracia "deben ser siempre un instrumento válido, necesario para la justicia y, en ningún caso, un elemento que intente olvidar el delito".