Según informó este miércoles el Consejo General, un informe del Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam) revela que la cita previa se ha convertido en "una barrera estructural" que impide a miles de ciudadanos ejercer su derecho a ser atendidos presencialmente.

El estudio analizó durante un año la disponibilidad de cita previa en 25 trámites esenciales de los ministerios de Interior, Hacienda, Justicia, Inclusión y Educación. En los casos más graves, los ciudadanos esperaron hasta 36 días para obtener una cita, como sucedió con la expedición del DNI en julio.

Las oficinas más afectadas son las de la Seguridad Social, las jefaturas de tráfico y los servicios de extranjería. Únicamente el Ministerio de Hacienda mantuvo una disponibilidad casi completa, aunque también registró demoras de hasta diez días en algunos momentos.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

La situación actual contradice el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, que reconoce el derecho de las personas físicas a elegir cómo relacionarse con la Administración, ya sea de forma electrónica o presencial. Esta barrera resulta especialmente problemática para colectivos vulnerables.

El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, afirmó que "la Administración no puede comportarse como un club privado. Los derechos no se reservan: se ejercen. Si un ciudadano no puede obtener una cita, no puede ejercer su derecho".

La organización ha habilitado un documento de adhesión a través de su web (www.consejogeneral.org) y redes sociales para sumar apoyos entre entidades sociales, profesionales y ciudadanos particulares.

PROPUESTAS DE MEJORA

El manifiesto reclama garantizar siempre la atención sin cita previa como alternativa real, reforzar los medios humanos y tecnológicos, y prohibir la imposición de la cita previa como única vía de acceso a los servicios públicos.

En los próximos días, el Consejo General presentará el informe ante instancias parlamentarias y el Defensor del Pueblo para lograr que la atención presencial vuelva a ser un derecho efectivo y accesible.

"Es perfectamente posible tener una Administración moderna y eficaz sin excluir a los ciudadanos del mostrador", señaló Santiago, quien subrayó que solo se requiere "voluntad política y respeto por la legalidad".

La campaña no se opone al uso razonable de la tecnología, sino a su utilización como barrera que impide el acceso a los servicios públicos, especialmente para los colectivos más vulnerables.

BÚSQUEDA DE APOYOS

El Consejo General buscará adhesiones entre organizaciones y representantes institucionales para dar mayor visibilidad a esta problemática que afecta a miles de ciudadanos diariamente.

La iniciativa pretende devolver a la cita previa su carácter original de herramienta complementaria, eliminando su actual función como mecanismo de exclusión que dificulta el acceso a servicios públicos esenciales.