Así lo afirmó en la inauguración de la jornada ‘El derecho a la defensa en el siglo XXI’, donde subrayó que este debate se puede abordar “sin prisa” ni “urgencia” porque el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa –el cual le produjo “desasosiego por no llamarlo angustia”– decayó en plena tramitación parlamentaria por la convocatoria electoral.

Ahora, ante el compromiso de los principales partidos de culminar la ley en la próxima legislatura, Santiago Ollero ve una “oportunidad” para reformular una redacción que “no había cambiado ni una coma” con respecto a la anterior, y, por tanto, que seguía siendo “antigua” y no se ajustaba al Derecho moderno.

Así, tras recordar que él es abogado, el presidente de los gestores administrativos cargó contra la ley que se aprobó en Consejo de Ministros por reservar el concepto de derecho a la defensa “casi en exclusiva” a la abogacía, un escenario que supondría “un flaco favor” a la ciudadanía.

“Una ley orgánica del derecho a la defensa debe empezar de una forma amplia y ajustada, pero a la época la que se vive, al año 2023. Y lo que no sería de recibo es que, por tratarse de un concepto antiguo, el derecho mantenga el mismo alcance. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la defensa material, un concepto que se olvida en el proyecto de la ley y que alude al propio derecho que tiene la persona a defenderse a sí mismo”, expuso Santiago Ollero, quien a su vez indicó que, como gestor administrativo, ha ejercido el derecho a la defensa de sus clientes más que como abogado.

En este contexto, quiso remarcar que su intención no es ofender a sus compañeros de la abogacía ni que se tomen estas declaraciones como un “ataque”. Tampoco invadir su reserva de actividad, “que es sagrada”. Pero sí propone una definición “amplia” del derecho a la defensa que establezca relaciones tanto con abogados y procuradores, que seguirían llevando el mayor peso, pero también con árbitros, graduados sociales, registradores, notarios y gestores administrativos, que podrían ejercerlo.

Los abogados, en cambio, defienden que los poderes públicos deben garantizar que el derecho a la defensa sea ejercido en exclusiva por el gremio y, por tanto, prohibir al resto de profesiones su práctica.