“Solo un marco compartido, que no cambie con cada ciclo electoral, permitirá recuperar el equilibrio entre la creación de hogares y la oferta disponible”, abundó esta institución colegial, que ha elaborado el ‘Informe sobre la vivienda. Política integral para un problema social’, que analiza la evolución del modelo residencial español durante las últimas siete décadas, estudia la situación actual y formula una hoja de ruta con horizonte de veinte años.

Según los gestores administrativos, la situación actual “no es fruto de una decisión aislada, sino de setenta años de decisiones acumuladas”. En concreto, citó la construcción masiva de los años cincuenta y sesenta, el reconocimiento constitucional del derecho a una vivienda digna, la expansión inmobiliaria y crediticia que culminó en 2007, el desplome posterior a la crisis de 2008 y, finalmente, una etapa en la que la demanda crece con fuerza mientras la oferta no consigue seguir su ritmo.

Además, según el Banco de España, entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit cercano a las 750.000 viviendas: se crearon 245.000 hogares al año de media, mientras en 2025 apenas se terminaron 92.000 viviendas. Comprar una vivienda exige hoy 7,7 años de salario bruto, el nivel más alto desde 2011; solo el 14,5% de los jóvenes de 16 a 29 años vive fuera del hogar familiar; y el parque público supone apenas el 1,5% del total, frente al 20-30% de Países Bajos o Austria.

“La vivienda ha dejado de ser un problema solo residencial: condiciona la movilidad laboral, la captación de talento, la emancipación, la natalidad y la igualdad de oportunidades. Un problema construido durante décadas no se resuelve con una medida aislada, sino con una política sostenida en el tiempo”, agregó el Consejo de Gestores Administrativos.

El informe articula su hoja de ruta en siete grandes ejes de actuación: gobernanza y planificación, con un sistema nacional de indicadores para decidir y evaluar con datos fiables; capacidad de producción, con un Programa Nacional de Producción Residencial centrado en las zonas con mayor déficit y el impulso de la construcción industrializada, y la gestión estratégica del suelo, con un Inventario Nacional de Suelo Disponible, la movilización del suelo público y procesos urbanísticos que hoy superan de media los ocho años.

Los otros ejes son la modernización de la Administración, con un expediente digital único y procedimientos más simples, para reducir plazos sin rebajar garantías; acceso y rehabilitación, diversificando las fórmulas de acceso —alquiler asequible, cooperativas en cesión de uso, alquiler con opción de compra— y con un programa permanente de rehabilitación; un marco estable de colaboración público-privada y reglas previsibles, y alquiler, temporalidad y confianza, con una garantía público-privada frente al impago, compensación automática al pequeño propietario, mediación rápida y un alquiler de temporada con causa objetiva.

“Ninguna persona en situación de vulnerabilidad debe quedarse sin alternativa habitacional, pero la protección social tampoco puede recaer de forma indefinida sobre el propietario particular. La seguridad jurídica debe amparar tanto al inquilino como al propietario que cumple la ley”, profundiza el estudio.

El informe ordena sus medidas en tres horizontes temporales. A corto plazo propone reforzar la coordinación entre administraciones urbanísticas, auditar las cargas administrativas, revisar la normativa de arrendamientos y fijar un marco claro para el alquiler de temporada.

A medio plazo, en el horizonte de una legislatura, plantea poner en marcha el Programa Nacional de Producción Residencial, completar el Inventario de Suelo, desplegar el expediente digital único, consolidar una línea estable de rehabilitación y activar la garantía frente al impago.

A largo plazo, en 10 y 20 años, el objetivo es aproximar la producción de vivienda a la creación de hogares, ampliar de forma apreciable el parque público y asequible, mejorar la emancipación juvenil y convertir la evaluación continua de las políticas en práctica habitual.

“No se trata de oportunismo, sino de oportunidad”, afirmó el presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago. Además aclaró que la institución colegial no pide que todos los partidos estén de acuerdo en todo. Lo que plantea es identificar un núcleo de políticas estructurales —producción de vivienda, suelo, agilidad administrativa, seguridad jurídica en el alquiler y rehabilitación— que no se deshaga cada cuatro años. Sobre ese núcleo compartido, cada grupo mantendría sus prioridades y su propio proyecto, pero las decisiones que necesitan décadas para dar fruto tendrían por fin la continuidad que hasta ahora les ha faltado.