El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, pidió este lunes, en un comunicado, que el Gobierno explique “con claridad qué modelo tiene en la cabeza”, ya que la norma establece que los trámites deberán realizarse de forma gratuita y limita el acceso al registro exclusivamente a asociaciones y sindicatos.

De esta forma, quedan fuera los profesionales jurídicos y administrativos que llevan décadas realizando estas funciones.

“Si los trámites deben hacerse gratis, ¿de qué van a vivir las asociaciones o sindicatos que los realicen? ¿Estamos hablando de subvenciones públicas, convenios futuros o financiación estructural? Porque nada de eso se explica”, planteó Santiago.

El Consejo General recalcó que el debate “no es ideológico ni corporativo”, sino que pretende centrarse en el diseño institucional, e incidió en que los trámites administrativos “deben ser gratuitos para aquellos ciudadanos que quieran hacerlos por su cuenta”.

No obstante, Santiago agregó que, para que eso sea real, “los procedimientos deben ser sencillos, comprensibles y accesibles” y, por tanto, “el problema no se resuelve creando intermediarios financiados, sino simplificando el propio trámite”.

El presidente también señaló que una Administración moderna debe garantizar la libertad de elección y denunció que “no es razonable diseñar procedimientos tan complejos que obliguen a buscar intermediarios”.

Por otro lado, el Consejo General alertó de que el proyecto de orden crea “un canal específico y privilegiado de intermediación administrativa y se excluye a profesionales ya habilitados”, de forma que existe impacto en la competencia, aunque la memoria normativa lo niegue.

Además, los gestores administrativos alertan del riesgo de duplicar costes públicos. “¿Vamos hacia un modelo en el que el Estado paga a los funcionarios que resuelven los expedientes y, al mismo tiempo, a asociaciones o sindicatos que tramitan gratuitamente en nombre de los ciudadanos?”, se pregunta el presidente. “¿Vamos a financiar dos veces el mismo procedimiento? Esa es una cuestión legítima que merece una respuesta”.

“Tras los agentes de igualdad y ahora los trámites de extranjería, la pregunta es inevitable: ¿qué será lo siguiente? ¿Un sistema generalizado de subvenciones a asociaciones para gestionar trámites administrativos? ¿Es este un modelo sostenible a medio y largo plazo?”, planteó Santiago.

Los gestores recordaron que existen alternativas menos restrictivas y plenamente coherentes con el ordenamiento jurídico español y europeo.