Chaves señaló que el informe realizado por los inspectores del Consejo General del Poder Judicial dice que es responsabilidad de la Junta de Andalucía incrementar la seguridad del recinto judicial, pero "no es nuestra responsabilidad la custodia de los documentos. No podemos desviar la atención sobre lo que ha ocurrido en los juzgads de Marbella. El robo no es de gente de fuera, es desde dentro".

A su juicio, "todos los indicios apuntan a que han sido uno o varios funcionarios los que han entrado en la red informática para borrar los expedientes y han robado los documentos".

"Lo que ha ocurrido", añadió, "no es un problema de seguridad, sino de presunta corrupción, alguien que ha pagado para que un funcionario robe los expedientes. Es un tema que ya se denunció hace diez años, cuando la jueza Blanca Esther Díaz fue expedienada porque quiso investigar la presunta corrupción que había en los juzgados de Marbella".