En su exposición, Castresana indicó que los delitos de los que se acusa a Jesús Gil y otros imputados para apropiarse del Atlético de Madrid cuando se convirtió en sociedad anónima deportiva prescriben a los diez años, tanto en el Código Penal de 1973 como en el de 1995.

Según el fiscal, que pide para Gil 17 años y 6 meses de cárcel para Gil, éste se apropió de casi 5.000 millones de pesetas en el procso de transformación del club, por lo que le acusa de dos delitos de apropiación indebida, un delito societario y otro de otorgamiento de contrato simulado.

El fiscal rebatió una por una todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de Gil; de su hijo Jesús Gil Marín, director general del club; y de Enrique Cerezo, vicepresidente de la entidad.

En relación a la presunta transformación irregular del club de fútbol en sociedad anónima deportiva, Castresana dijo que no fue objeto de acusaión en el "caso camisetas", "por lo que no se están juzgando dos veces los mismos hechos", como alegaron las defensas.

Así, Castresana apuntó que en el juicio del "caso camisetas", que se celebró en la Audiencia Proivincial de Málaga en 1999, sí se discutió la transformación del Atlético,"pero nunca fue objeto de acusación". "Tan es así", continuó, "que la Audiencia de Málaga tuvo especial cuidado en deslindarla"

El pasado jueves, la defensa de Gil Marín calificó de registro "encubierto" el nombrmiento de un administrador judicial para el Atlético de Madrid. Al respecto, el fiscal señaló que, si fue así, "¿por qué el director general (Gil Marín), que estaba en su despacho, no dijo nada?". En esta línea, adujo que Luis Manuel Rubí no hizo más que "las tareas de un administrador, judicial o no".

Por último, respecto a la incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar este caso, también alegada por las defensas, Castresana se remitió a la jurisprudencia. Argumentó que este caso "afecta a la udiencia Nacional porque altera el marco constitucional económico".