El juez había citado para el día de hoy a María Angeles Marín, con el fin de que pusiera a disposición judicial las acciones representativas del capital social de la Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A., de la que es administradora única.

El fiscal encargado del caso, Carlos Castresana, sostiene que a través de Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A., Jesús Gil es titular, junto a su esposa, de 211.97 acciones, que representan el 85,3% del capital del club rojiblanco.

Según la investigación, un mes después de que Castresana presentara ante la Audiencia Nacional la querella contra Gil, éste otorgó "junto con su esposa María Angeles Marín Cobo capitulaciones matrimoniales ante el notario [...], pasando a regirse el matrimonio por el régimen de separación de bienes".

En junio de 1999, Gil y su esposa celebraron junta general extraordinaria universal de accionistas de la sociedad Promotora Inmobliaria La Alhambra, de la que el ex presidente del Atlético de Madrid era el administrador único. En esa reunión, se acordó "por unanimidad cesar al administrador único (Jesús Gil y Gil) nombrándose en su lugar como administradora única a su esposa".

Para el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la promotora La Alhambra "tiene como único objeto social la propiedad y tenencia del 85 por ciento del total de las acciones del Club Atlético de Madrid", las cuales pasaron a ser aministradas por la mujer de Gil, tras la junta general anterioremente explicada.

Sin embargo, los abogados defensores siempre han sostenido que el embargo decretado en su día sobre las acciones del Atlético de Madrid no afectaban a las que poseía la mujer de Gil, quien siempre alegó que no disponía de los títulos.

Este caso comenzó el 27 de julio de 1999, cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió admitir a tráite la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra Jesús Gil y otras seis personas más por un presunto fraude que la Fiscalía Anticorrupción cifró entonces en 9.427 millones de pesetas.

En este caso, el juez investiga presuntos delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios.