La querella fue rechazada el pasado seis de octubre por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al considerar que las manifestacione hechas por Almunia y por Jáuregui objeto de la denuncia no eran constitutivas de delito.

Para el Supremo, tales afirmaciones se enmarcaban dentro del "ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en su modalidad de comunicación de pensamientos, ideas u opiniones" recogido en el artículo 20 de la Constitución Española.

Según el Supremo, el derecho a la libre opinión "tiene su máximo alcance precisamente en el ámbito de la vida pública, máxime cuando quienes lo ejercen tienen una representacin cualificada en el seno de un determinado partido, y más aún cuando se produce con ocasión de una disputa entablada entre diferentes grupos de representación popular [...] en un particular y conocido ambiente de tensión y enfrentamiento".

Gil se querelló contra Alumnia por decir, entre otras cosas, que su partido (Grupo Independiente Liberal) es una formación integrada por "personas que lo único que persiguen es corromper las instituciones y ganar dinero", o que se trata de una "organización mafiosa" al servicio de "intereses privados de una persona y que utiliza métodos radicalmente contrarios a los usos democráticos".

En cuanto a Jáuregui, Gil lo demandó por decir que si el GIL "ha comprado la voluntad de una concejal del PSOE en Ceuta, se trata de un caso de suma gravedad".