UGT destacó que apuesta por “el diálogo como la mejor herramienta para dar respuesta a los retos que plantea la realidad actual". "Celebramos poder iniciar este foro de debate porque ambos tenemos un objetivo común: avanzar en derechos. Se trata de un entorno exploratorio para buscar entre todos soluciones y mejoras”, dijo.

Por su parte, Glovo explicó que “la transformación de la economía es una realidad y todos debemos dar respuestas y soluciones innovadoras a este nuevo contexto". "Queremos avanzar para que todas las personas con las que trabajamos tengan la posibilidad de ser representadas y que puedan trasladarnos sus inquietudes para aportar soluciones y mejoras”.

Esta mesa se enmarca en el Plan de Ordenación y Normalización que Glovo anunció. Se trata de una iniciativa con tres líneas de acción: mejoras, soluciones y beneficios para todos los colectivos, con independencia de su relación con Glovo.

La compañía subrayó que “quiere marcar un antes y un después en el sector ampliando derechos a todos sus colaboradores y devolviendo al conjunto de la sociedad, a través de diferentes iniciativas, la confianza que ésta ha depositado en la tecnológica”.

Bajo el título ‘Mirando al futuro’, el Programa, que la empresa irá desarrollando y presentando paulatinamente, se encuentra en una fase inicial y busca avanzar en derechos para todos los agentes que forman parte del ecosistema de la plataforma, así como promover el diálogo institucional sobre la innovación y mejora integral del sector.

“Su implantación se convertirá en un hito para la nueva economía digital con respeto al marco legislativo vigente regulador del reparto urbano, y en especial para el sector de los servicios bajo demanda, y se realizará de la mano de la sociedad civil”, explicaron UGT y Glovo.

Cabe recordar que la empresa fue sancionada hace apenas dos meses por la inspección de trabajo con una multa millonaria por incumplir, presuntamente, obligaciones legales en relación con los repartidores. Además, la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avanzó que pedirían a la Fiscalía que investigara una posible obstrucción por parte de la empresa a la acción de la Inspección de Trabajo.